Rosa Torres Gorostiza | Militares caídos, guerra avisada
La matanza de militares en la Amazonía revela cómo la minería ilegal y el crimen organizado se disputan el oro
La dantesca emboscada a militares ecuatorianos en el selvático Alto Punino (frontera entre Napo y Orellana) no es un hecho aislado: es una advertencia brutal. Expone el descomunal poderío económico y armamentístico de los grupos criminales dedicados a la minería ilegal, y debería obligar al Gobierno a repensar urgentemente las estrategias de seguridad de las Fuerzas Armadas. No solo está en juego la integridad territorial, sino también el control sobre los recursos mineros del país.
Ya no se trata únicamente de bandas al servicio del narcotráfico, que aseguran las rutas de la droga desde Colombia o Perú hacia los puertos ecuatorianos. Ahora hablamos también de insurgentes colombianos -ex FARC o paramilitares- que, aliados con los Choneros y Los Lobos, han encontrado en la minería ilegal un negocio aún más rentable. Su presencia se ha extendido por casi todo el país, con énfasis en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay, El Oro y Loja.
La emboscada, que dejó once militares muertos, ocurrió justo un día después de que el Ministerio de Defensa informara que las operaciones contra la minería ilegal habían generado 120 millones de dólares en pérdidas para las mafias, gracias a la incautación de 33.200 explosivos, 103 excavadoras y 21 dragas. Pero lo incautado es mínimo frente al poder real de estos grupos, cuya presencia fue advertida hace dos años por guardaparques de zonas protegidas, víctimas de secuestros y hostigamientos.
El Comando de la Frontera dejó huellas claras en 2020, cuando los militares descubrieron un campamento armado en Sucumbíos. Desde entonces, los cuerpos de seguridad saben que este grupo, con apoyo de Los Lobos, sembraba el terror en la frontera. Fue esa misma alianza la que, durante un enfrentamiento con Los Choneros, mató a tres policías el 12 de agosto de 2024 en Joya de los Sachas, Orellana.
La situación es crítica. El país enfrenta una guerra por sus recursos naturales. Por eso, el combate militar por tierra, aire y ríos no es una opción: es una necesidad vital para la tranquilidad del Ecuador y sus habitantes.