Rosa Torres Gorostiza | La falta de probidad de Godoy
La Judicatura no puede estar encabezada por una autoridad cuya credibilidad está profundamente erosionada
Independientemente de que la Asamblea Nacional censure o no al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, su permanencia en el cargo es insostenible. Quien dirige el máximo órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial debería ser un referente incuestionable de probidad, ética y transparencia. Godoy dejó de serlo hace tiempo. En un país golpeado por la inseguridad, el avance del crimen organizado y la impunidad, la Judicatura no puede estar encabezada por una autoridad cuya credibilidad está profundamente erosionada y rodeada de serios cuestionamientos morales.
La falta de probidad no es un detalle menor ni un asunto político coyuntural. Es la razón principal por la que Godoy debió haber presentado su renuncia antes de que el juicio político avanzara. Ecuador necesita hoy, más que nunca, jueces y fiscales íntegros, capaces de enfrentar al crimen organizado sin sospechas ni sombras que comprometan su independencia. Cada duda sobre la conducta del presidente de la Judicatura debilita aún más un sistema judicial ya desprestigiado por años de corrupción, ineficiencia y complacencia.
Resulta igualmente grave que la Asamblea Nacional pretenda ampararse en supuestos documentos reservados presentados por el propio Godoy para limitar el acceso ciudadano a la información relacionada con el juicio político. La reserva no puede convertirse en un escudo para la opacidad ni en una excusa para ocultar hechos de evidente interés público.
Una cosa es que Godoy intente justificar lo injustificable hablando de un supuesto descrédito orquestado, y otra muy distinta que el Legislativo le haga el juego político para salvarlo de la destitución. No se trata de persecución, sino de responsabilidad. Que su esposa haya sido abogada de un procesado por narcotráfico no es un rumor, sino un hecho que exige explicaciones claras, oportunas y públicas.
La probidad en la justicia no admite matices ni negociaciones. El silencio y la ambigüedad de la bancada de ADN no solo son irresponsables, sino que alimentan la percepción de un pacto para blindar a Godoy. El país no quiere discursos victimistas ni explicaciones a medias. Quiere decisiones firmes.
