Rosa Torres Gorostiza | El IESS y el conflicto de intereses

En el ejercicio del poder no basta con tener buenas intenciones; es indispensable mantener una línea ética que impida cualquier sombra de duda sobre la integridad de las decisiones públicas. Los funcionarios del Estado deben recordar que, desde el momento en que asumen una función, su lealtad ya no les pertenece a ellos mismos ni a sus intereses familiares o económicos, sino al pueblo al que juran servir. La desvinculación total y expresa de cualquier actividad o relación que pueda interferir con ese deber no es una recomendación moral: es una obligación constitucional y ética.

Sin embargo, los hechos recientes muestran que esta premisa parece olvidarse con frecuencia. Primero, fue cuestionable la forma en que el grupo Noboa logró reducir su deuda con el Servicio de Rentas Internas gracias a una Ley promovida por el propio presidente Daniel Noboa. Aunque el beneficio se enmarque en una norma legal, el conflicto de intereses es evidente: una disposición impulsada por el mandatario termina favoreciendo directamente a su conglomerado familiar.

Hoy, un nuevo caso vuelve a poner a prueba la transparencia del poder. El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Édgar Lama, enfrenta acusaciones de priorizar los pagos a clínicas vinculadas a sus familiares, mientras otras instituciones privadas siguen esperando el cumplimiento de las obligaciones por los servicios brindados a los afiliados. Si los señalamientos del directivo del Interhospital resultan ciertos, Lama no solo debería ofrecer explicaciones, sino presentar su renuncia inmediata.

El presidente de la República también debe asumir su cuota de responsabilidad, pues conocía los posibles riesgos de conflicto al designar a Lama. En política, la omisión puede ser tan grave como la acción. La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona no solo por la corrupción comprobada, sino también por la falta de transparencia y la apariencia de privilegio.

Como reza el viejo adagio, “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. De igual modo, el Gobierno no solo debe actuar con rectitud, sino hacerlo visible, con decisiones que resistan el escrutinio público y se alineen al mandato ético del Estado. El Ecuador no puede darse el lujo de normalizar los conflictos de intereses: en un país que lucha por recuperar la fe en sus instituciones, la ética pública no es opcional, es el único camino hacia la legitimidad.