Rosa Torres Gorostiza | Daños sospechosos en los equipos
El Gobierno central debe garantizar que la salud pública en el Ecuador es un derecho y no un botín que se reparte
Salvo contadas excepciones, las intervenciones hospitalarias en el Ecuador han resultado inútiles. No han servido para desmantelar las redes de corrupción -que lejos de extinguirse se multiplican con nuevas ramificaciones- ni han logrado mejorar de manera sustancial la atención sanitaria.
Los gobiernos de turno, sin distinción de color político, han repetido hasta el cansancio las llamadas ‘intervenciones administrativas’ en hospitales públicos, al punto de que ya se ha perdido la cuenta de cuántas veces instituciones como el hospital Abel Gilbert Pontón, el Francisco de Icaza Bustamante, la maternidad del Guasmo o el Universitario de Guayaquil han pasado por estos procesos estériles.
Hoy las miradas están puestas en las recientes intervenciones en los hospitales del Guasmo Sur y Monte Sinaí, los más nuevos, construidos y equipados por empresas chinas, donde la negligencia y la corrupción han permitido que costosos equipos médicos se dañen deliberadamente, con el único propósito de justificar nuevas compras.
Urge que el nuevo director del hospital del Guasmo abra las bodegas y encuentre lo que durante años se ha ocultado: camas, monitores de signos vitales, respiradores, máquinas de anestesia, pulsímetros y otros equipos que, pese a tener daños mínimos, han sido condenados al olvido y a la chatarra por la desidia y el interés mezquino de funcionarios que deberían velar por su conservación.
De igual manera, el director naval del Monte Sinaí enfrenta el desafío de desenmascarar cómo las mafias han infiltrado puestos clave para controlar las compras públicas. Porque el negocio -y lo saben bien- no está en reparar lo que aún funciona, sino en multiplicar las ganancias con adquisiciones innecesarias.
Por el bien del país y, sobre todo de los enfermos que esperan atención digna, es indispensable que los directores navales actúen con decisión. Solo así podrán desarticular esas redes de corrupción que, sin pudor alguno, cobran entre 1.000 y 2.000 dólares por un puesto público, o sabotean deliberadamente equipos y servicios para derivar pacientes hacia negocios privados creados por ellos mismos.