Rosa Torres Gorostiza | La complicidad de los militares
La fuga de Fede evidencia el nivel de la filtración criminal en las FF.AA. La Armada debe responder
Un año y medio después de la fuga de alias Fito, líder de la banda terrorista Los Choneros, confirmada el 7 de enero de 2024, otro criminal de alto valor se escapa, el viernes pasado de la Penitenciaría del Litoral. Alias Fede salió por la puerta grande, vestido con un uniforme militar, lo que demuestra claramente la permeabilidad del crimen organizado en las Fuerzas de Seguridad del Estado y los escasos esfuerzos que han hecho los uniformados para evitar las infiltraciones. La autodepuración es urgente.
La Armada del Ecuador, que tiene bajo su control el complejo carcelario más grande del país, debe responderle al pueblo ecuatoriano por esta grave falla de seguridad, que permitió la huida de un cabecilla de una organización criminal que, al igual que Los Lobos y Los Tiguerones, se desprendió de Los Choneros.
No hay que olvidar que estas organizaciones narcodelictivas, aunque el Gobierno no quiera reconocerlo abiertamente, siguen controlando estratégicos espacios del complejo penitenciario más poblado del país, donde se han registrado la mayoría de las 17 masacres de los últimos años. Ya no pueden llamarse cárceles, sino escuelas de delincuentes, epicentros del crimen y de traición a la patria.
La intervención militar tras la fuga de Fito -quien aún no ha sido recapturado- no ha cambiado sustancialmente la situación en los reclusorios, porque desde allí se siguen fraguando ataques criminales. Y no extrañaría que, desde esos mismos espacios, se estén planificando atentados contra las estructuras del Estado, como parte de una guerra silenciosa pero persistente.
Hasta ahora, el ministro de Defensa no ha informado cuál es la gran estrategia para depurar a las Fuerzas Armadas de los infiltrados. Tampoco lo ha hecho el ministro del Interior ni el propio presidente de la República. La opacidad con la que se maneja esta crisis solo alimenta la desconfianza ciudadana y la sensación de que el Estado ha perdido el control de su sistema penitenciario. La corrupción, el silencio y la complicidad, claramente evidenciada, deben ser enfrentados con acciones concretas, no con comunicados de ocasión. El país espera seguridad no más miedo y violencia.