Cuando la humanidad monitoreaba las Metas del Milenio de Naciones Unidas y los países sus índices económicos para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, apareció la pandemia del coronavirus COVID-19 y se evidenció que ningún país del mundo se encontraba preparado para enfrentarla: los desarrollados o en vía de desarrollo; ni los pobres ni los ricos, ni los de izquierda o derecha. La pandemia no respetó condición política, social, económica, raza, religión, edad, ni nada.

Ecuador no era ni es la excepción. La pandemia evidenció las fallas, deficiencias y actitudes ilegales que el sistema judicial se encargará de investigar y sancionar, sobre todo en salud.

Pero más que por la propia pandemia y la emergencia sanitaria, nuestro país ya se encontraba en emergencia económica por la mala administración del gobierno anterior y el festín de los recursos fiscales por parte de autoridades pertenecientes a grupos ideológicos que trasnochaban en cafetines esperando que pase la larga noche neoliberal. La gran mayoría de los que ahora se rasgan vestiduras en sus reclamos individuales o de grupos, permanecían colaborando callados con esparadrapos dorados o guardando silencio cómplice.

En 2019 ya se evidenció el déficit y este año con mayor intensidad. No existen recaudaciones suficientes para cubrir los sueldos de los servidores públicos, ni para los proveedores de obras, bienes y servicios que ya han sido ejecutados, y así muchos otros que tienen el legítimo derecho a exigir y recibir el pago como contraprestación de los servicios. Pero por más acciones de protección que los afectados interpongan y las sentencias constitucionales dispongan los pagos, estas se tornan inejecutables porque existe un hecho fáctico extrínseco que no depende de la voluntad del ministro de Economía y Finanzas, pues se trata de la falta de ingresos para que los recursos públicos puedan cubrir la brecha fiscal del Presupuesto General del Estado. La renegociación de la deuda por parte del gobierno nos da esperanzas para paliar la crisis fiscal por la que atraviesa Ecuador.