Luego del ataque terrorista, toma de pozos petroleros y fuentes de agua, cierre de caminos, paralización de fuentes de producción en las ciudades y el agro, destrucción y saqueos a la propiedad pública y privada, vandalismo, atentados contra la vida, salud y los demás derechos humanos y constitucionales de los ecuatorianos, el Gobierno se vio obligado a sentarse en una mesa para encontrar la forma de pagar la liberación de sus ciudadanos secuestrados en sus domicilios y ciudades, que fueron sitiadas y agredidas.

Se constituyeron mesas de diálogos para tratar y analizar los 10 puntos de las demandas de la Conaie, los que se fueron multiplicando al agregarse seis, ocho o más peticiones, conexas o no, por cada punto.

El diálogo es la conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa, con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar soluciones. No se trata de que la Conaie presenta sus peticiones y el Gobierno tiene que aceptarlas. Hay que ser sensatos y considerar la situación económica que atraviesa el país, no solo por la pandemia sino por el aquelarre del gobierno totalitario y oscurantista del cual se han heredado casi todas las deficiencias que ahora reclaman y por las que antes estaban callados.

Es de justicia que se atiendan muchas de las peticiones del pliego, pero no podrán ser todas, por improcedentes, absurdas e ilegales, como que se impongan los precios de los productos elaborados por la industria privada. Tampoco se debe ceder al cambio de ministros de Estado por el cumplimiento de su deber.

Una vez acordados los puntos del rescate, la pregunta del millón es: ¿cuál será la fuente de financiamiento? No debe ser más impuestos a los ciudadanos. La única que queda y debe constar expresamente en los acuerdos, sin que ceda el Gobierno, es aumentar la actividad minera y petrolera, para que la producción de los nuevos pozos y minas con los modernos procedimientos, sirva para atender las necesidades de educación, salud, bienestar social, pago al IESS, seguridad ciudadana e inversión en el agro, de Costa, Sierra, Amazonía y región Insular.