Columnas

La democracia bajo ataque

También dispusieron el cierre de los pozos petroleros. Ahora niegan lo sucedido y se declaran santos inocentes.

“Octubre de 2019, la democracia ecuatoriana estuvo bajo ataque. La democracia: sus instituciones, sus ciudadanos, los principios más elementales de convivencia en una sociedad. Parapetados en una protesta, en una reacción social frente a una dura decisión económica, coincidieron y se expresaron inconfesables intereses”. Así inicia el prólogo de la obra Octubre: la democracia bajo ataque, publicado por María Paula Romo y Amelia Ribadeneira.

Es la recopilación de datos y sucesos que nos permite analizar lo sucedido y descubrir los intereses que primaron en los días convulsionados de ese octubre negro, en que manifestantes que decían ser pacíficos, mezclados con grupos insurgentes, subversivos y terroristas, sembraron anarquía y desorden, destruyendo bienes públicos y privados, atentando contra la vida y seguridad de los ecuatorianos.

En transmisión directa vimos cómo en la Casa de la Cultura de Quito, dirigentes indígenas secuestraron a un grupo de periodistas y policías a quienes, golpeándoles el pecho y la frente, los arengaban a la subversión contra el Gobierno. También dispusieron el cierre de los pozos petroleros. Ahora niegan lo sucedido y se declaran santos inocentes.

Ha pasado un año y no existe sanción para los autores, pero, como para celebrar ese octubre negro, haciendo culto a la subversión y anarquía -al momento de escribir este artículo- se pretende enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno María Paula Romo, que fue eje principal en la defensa del orden, seguridad y la democracia, para declararla culpable por el uso no progresivo de la fuerza y el uso de bombas lacrimógenas caducadas para repeler a las hordas atacantes; mientras otro grupo respetable de ciudadanos sostienen que le faltó más firmeza y contundencia al régimen para controlar el orden.

Presenciamos la crónica de una muerte anunciada, cuando por cálculos políticos para ganar notoriedad y lavarse la cara por la vergüenza de algunos asambleístas desprestigiados -no todos- procederán a enjuiciar y sancionar a la ministra, sentando un nefasto precedente en la democracia ecuatoriana.