El Ecuador es el país de las frases cliché. El paraíso del lugar común, de la idea repetida hasta agotarse, en noticieros y entrevistas. En ese proclive escenario, los extraños seres que redactan las leyes acaban de descubrir una peligrosísima frase cliché: “el uso progresivo de la fuerza”. Es que… cuando un tipo desenfunda un arma, el policía tiene dos opciones: 1) ser amable y decirle cariñosamente que la suelte; o 2) desenfundar la suya para proteger la vida de las personas presentes.

En el primer caso, el policía escoge no usar la fuerza. Seguramente terminará muerto por un disparo. En el segundo, la sola orden de soltar el arma implica ya la pérdida de un valioso segundo, en el que el delincuente puede disparar primero y matarlo. Por eso en semejante situación, hay que disparar de una. No 1 ni 12, sino las veces necesarias para terminar con el peligro que representa un delincuente armado. Porque si disparas una vez y queda herido, puede volver a hacerlo él. Es decir que por andar de mamá ganso cuidándole sus derechos humanos a un asesino, se aumenta el peligro para la vida de los presentes.

Por eso cuando se desenfunda un arma es para acabar con quien amenaza la vida de los demás. Hacer una ley para que la policía realice un uso “progresivo” de la fuerza es condenar a muerte a los uniformados, pues no cabe semejante imbecilidad ante la urgencia de disparar. Y que si estos geniales filósofos… ¡de la vida, chico!, -como decía Trespatines- aprueban esta burrada, le están dando una herramienta más poderosa a la delincuencia que los fusiles M4 que ahora usan, frente a las pistolitas de agua para carnaval que usa nuestra policía.

En cuanto a la “proporcionalidad” invocada por ciertos maleantes con el título de jueces -como ya voy diciendo 20 veces- no cabe: la Constitución obliga al juez -literalmente- a “anteponer el interés general al interés particular” del delincuente en este caso. Y tengo la impresión de que un asesino armado corriendo, pone en peligro ese interés general. Y que ni el coju-garantismo penal es capaz de invalidar ese mandato constitucional.