Plumafón sin justicia

  Columnas

Plumafón sin justicia

Las cosas no pueden quedar como están. Deben ser corregidas para evitar una conflictividad social innecesaria.

La semana anterior vimos cómo -aparte de andar desplumando aves para sus penachos- Gran Jefe Plumafón no puede amenazarnos más con “su” justicia, pues la Corte Cervecera se la quitó, al limitar la justicia indígena a la solución de los conflictos internos en su ámbito territorial, cuando afectan sus valores comunitarios.

O sea, nada. Una farsa. 

Y claro, gracias a lo plomo que es Mr. Plumita, muchos se alegrarán de este aparente “triunfo”. Pero no hay tal cuando el Estado se burla de un sector de la sociedad, como ha hecho con el sector indígena, creando la absurda solución de concederles una justicia propia -ajena a la nacional- que en la práctica no resultó. Esto pasó porque no se supo identificar la raíz del problema. Esta es, que el juzgamiento del sector indígena se produzca de acuerdo con sus valores culturales, como hace el sistema paraguayo, cuya Constitución (art. 63) expresa: “En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena”. Pero son juzgados por jueces investidos como tales, no por turbas. Y para que la cosa aterrice, la ley especial establece la forma correcta de aplicar la Constitución. Aquí, algunos de sus aspectos: 

1) La investigación fiscal se hace con la asistencia obligatoria de un consultor técnico especializado en cuestiones indígenas, sorteado de la lista. 2) El juez convoca al Ministerio Público, al imputado y a la víctima, junto con los miembros de la comunidad a la audiencia. 3) La Corte, previo llamado a concurso de méritos, elabora una lista de peritos conocedores de las diferentes culturas indígenas, preferentemente antropólogos, quienes tienen la función de prestar la asesoría técnica requerida.

Como es fácil apreciar, la calentura no estaba en las sábanas. Nunca debió crearse una justicia indígena paralela. La solución era que sus valores culturales fueran incorporados al proceso para garantizar su aplicación. 

Las cosas no pueden quedar como están. Deben ser corregidas para evitar una conflictividad social innecesaria. Y para eso -como para casi todo- se requiere reformar la Constitución.