Pocas palabras tienen connotaciones tan negativas en la política ecuatoriana como el verbo ‘pactar’. Y pocas personas dedican tantos esfuerzos a mantener así las cosas como los propios políticos. Es paradójico. 

Porque los pactos, los acuerdos, las alianzas, en fin, el arte de tender puentes entre rivales, se supone, son la esencia de la política en una democracia. No solo que no son reprochables: son deseables; no solo son deseables: son indispensables. Sobre todo en casos, como el ecuatoriano, en los que no existen mayorías claras en los parlamentos.

Cargada de connotaciones negativas aparece la palabra ‘pacto’ en el comunicado que el asambleísta Roberto Gómez emitió este martes en respuesta a su expulsión del bloque de CREO por el líder de ese partido, Guillermo Lasso. Lo acusa de haber pactado con el Gobierno y no necesita añadir una palabra más para dar a entender que no hay miseria moral más grande en esta vida. 

Pero ¿es así? Comprometerse públicamente a apoyar tales y cuales proyectos de ley, tales y cuales procesos de fiscalización a cambio de tales y cuales comisiones legislativas… ¿Es un pecado? ¿O es, por el contrario, una condición mínima de gobernabilidad? ¿No funcionan así las democracias? Otra cosa es que ese pacto particular se haya irrespetado desde un principio y quedara reducido a un mero reparto de prebendas. Entonces el problema no es el pacto: el problema es la falta de palabra.

Muy puros están nuestros políticos. ¿No pactan? Por supuesto que lo hacen. Pero como pactar es una mala palabra lo hacen bajo la mesa, para que no se diga. En lugar de firmar públicamente sus acuerdos, anunciar de manera transparente sus objetivos comunes y sus límites (decir, por ejemplo, nos unimos para impulsar los temas A, B y C pero mantenemos nuestras diferencias en torno a X, Y y Z), los grupos políticos se juntan en secreto para objetivos que, la mayoría de las veces, son inconfesables. 

O dejan la posibilidad de acuerdos y desacuerdos abierta al juego de las mayorías móviles, un eufemismo con carta de naturalización en la política nacional. Significa que, por cada nuevo tema, hay que emprender una nueva negociación con cada bancada, con cada minibloque, con cada asambleísta. ¿Negociación de qué? ¿De cargos? ¿De prebendas? ¿De dinero? No se sabe. Pero de que se pacta, se pacta. 

Tarde o temprano, esos secretos terminan por ponerse en evidencia, el ciclo del desgaste moral de la política completa una vuelta más en la percepción de los ciudadanos y la palabra pacto vuelve a hundirse en el descrédito. Y así avanza la política nacional. O no avanza.

Vamos a ver: ¿qué nombre se le debe poner a la dinámica que existe entre correístas y socialcristianos en el seno del Consejo Nacional Electoral, en la cual Diana Atamaint actúa como suma sacerdotisa? Unos y otros se ceden mutuamente cargos y vocalías en las juntas provinciales y se garantizan así el control de las provincias que les interesan. Y luego se juntan para salvar a la presidenta del juicio político que amenaza con echar abajo ese estado de cosas. 

¿Cómo se llama eso? Lo negarán a gritos, se rasgarán las vestiduras, se ofenderán ante la simple sospecha pero eso se llama pacto. Porque no hay manera de hacer política sin pactos. Otra cosa es que los haya vergonzosos, pero eso no es inconveniente para nuestros impolutos políticos. El problema, para ellos, no es el pacto. El problema es que se sepa.