¿Despreciables o borricos?

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¿Despreciables o borricos?

Treinta días tardaron estas cinco genios de la investigación para concluir que el organismo que debe establecer cómo fueron los hechos es la Fiscalía’.

“Aquí (en la Asamblea) se ha de hacer justicia”. Cuando la legisladora correísta Fernanda Astudillo le hizo esta promesa a Elizabeth Otavalo, la madre de la asesinada María Belén Bernal, o bien sabía que le estaba mintiendo con total premeditación y conciencia, lo cual haría de ella una persona aborrecible, capaz de servirse del duelo de una madre para brillar en el candelero político, o bien creía sinceramente que la Asamblea Nacional es el órgano público de la justicia, lo cual la pondría en evidencia como una ignorante de antología y como una legisladora tan desprovista de la más elemental capacidad de razonamiento que, tras año y medio de ejercer su cargo, aún no tiene la más pálida idea de qué se trata. A favor de Fernanda Astudillo se puede decir que esa declaración (“Aquí se ha de hacer justicia”) la despachó en la cresta de la ola de la emoción colectiva de sus pares, que en ese momento estaban entregados a la conformación de una comisión ad hoc para, en el lapso de 30 días, encontrar la verdad, impartir justicia y otorgar reparación en el caso de María Belén Bernal. Verdad, justicia y reparación en 30 días, ni más ni menos. No hay otra posibilidad: aborrecibles o borricos.

Ocurrió lo predecible: los treinta días llegaron a su término, las cinco integrantes de la Comisión se la pasaron recogiendo información de las autoridades públicas y de los periódicos, cumplieron con el saludo a la bandera de las visitas “en territorio”, durante las cuales aplicaron sin duda sus enciclopédicos conocimientos de criminalística y, claro, volvieron a torturar a la madre de la víctima, a la que ya habían paseado por todas las comisiones parlamentarias que pudieron y ahora obligaron a repetir, ¡por cuarta vez!, su versión de los hechos. Mandaron a sus asistentes para que revisaran los documentos pertinentes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las diversas convenciones interamericanas sobre violencia machista y con tan vistosos insumos parieron un informe cuajado de citas y pletórico de buen rollito. Un informe que no añadió ni una coma a lo que ya se sabía del caso por los medios de comunicación. Solo que a los periodistas de los medios de comunicación los pagan sus empleadores y a las cinco integrantes de la comisión las pagamos todos.

Treinta días tardaron estas cinco genios de la investigación para concluir que la Fiscalía es el organismo que “tiene el deber jurídico de establecer estos hechos”. ¡Cómo! ¿No los iban a establecer ellas? Habrían empezado por ahí y se ahorraban tanta paja. Ah, pero eso sí: son incapaces de afirmar si Germán Cáceres, el asesino, “pudo actuar solo o si recibió la colaboración y ayuda de otros servidores policiales”, pero no tienen el menor empacho en señalar la culpabilidad del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; el entonces ministro el Interior, Patricio Carrillo; el comandante de la Policía, Fausto Salinas; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Y él por qué? Porque se fue a Nueva York, a participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo se le ocurre? Debió quedarse dirigiendo la búsqueda del cuerpo. Eso dicen. Y no es de extrañar que aquellos que confunden su función de asambleístas con la de jueces pretendan que el jefe de Estado asuma las tareas de un jefe de la Policía.

Amada Ortiz, Marjorie Chávez, Mireya Pazmiño, Ana Cecilia Herrera y Yeseña Guamaní firmaron esta basura. 96 asambleístas la ratificaron en el Pleno. Para todos ellos, el asesinato de María Belén Bernal ha sido el más rentable del año. ¿Despreciables o borricos?