Este 7 de febrero, el cantón Cuenca decidirá sobre un asunto cuyas consecuencias serán de largo más perdurables que la Presidencia: la ejecución de proyectos mineros en sus páramos. Pasará el cuatrienio 2021-2025, pasará el siguiente, las virtudes y miserias de quienes nos gobiernen en esos años quedarán en el olvido y los efectos de lo que decidan los cuencanos en su consulta de este 7 de febrero no habrán sino comenzado a notarse. Y serán irreversibles.

Predecibles hasta la náusea, los candidatos a la Presidencia, con la obvia excepción de Yaku Pérez, parecen haberse puesto de acuerdo para expresar su respaldo a “la minería con extremos cuidados ambientales”. Es una obviedad, una vistosa forma de cubrirse la espalda y dejar intocado el tema de fondo de la consulta cuencana. Y el tema de fondo (es increíble que el país sea tan refractario a discutirlo que hace falta señalarlo), es el páramo, el más frágil de los ecosistemas.

El páramo andino es un fenómeno rarísimo. Su existencia depende de tres factores: una latitud cercana al ecuador; una altura superior a los 3.200 metros; una selva tropical adyacente que produzca grandes núcleos de condensación de nubes. Estas tres cosas juntas se encuentran en no más de seis países en el planeta. Y solo dos de esos seis países tienen minas en sus páramos: Ecuador y Colombia. Los que dicen que el mundo está lleno de ejemplos de minería responsable que se pueden aplicar en las minas azuayas, simplemente, mienten. No se conoce de “extremos cuidados ambientales” que sirvan en los páramos.

En Colombia la minería en los páramos está prohibida. Lo decidió la Corte Constitucional en 2016. Su sentencia recoge una serie de argumentos que, si tuvieran una pizca de responsabilidad, nuestros candidatos debatirían en lugar de andar repitiendo muletillas y babosadas. Los páramos -dice la sentencia- son la pieza clave “en la regulación del ciclo hídrico”; producen el agua que consume el 70 por ciento de colombianos (el porcentaje es aún mayor en el Ecuador); “su restauración o recuperación es prácticamente imposible”, sus “umbrales de resistencia y resiliencia son muy bajos” y su capacidad de adaptación, nula. “Por lo tanto, -concluye- cuando las funciones ecosistémicas de suelo y subsuelo sufren impactos negativos, suelen ser irreversibles”.

La Corte Constitucional colombiana tuvo la sabiduría de acoger la información científica, el coraje de anteponer el equilibrio ambiental al cálculo de utilidades y la perspicacia de reconocer que el concepto “minería en el páramo” debía tratarse en bloque. De la Corte Constitucional ecuatoriana se dirá, con razón, que es la mejor que hemos tenido pero en este tema no fue sabia ni valiente ni perspicaz siquiera. Hay que ver cómo está hecha la consulta cuencana, con cinco preguntas igualitas para cinco ríos que bajan de los mismos páramos porque a los ilustrísimos jueces se les ocurrió que cada microcaso se trata por separado. Eso es no comprender nada de nada. Da grima y da vergüenza.

En Colombia se entendió que los páramos son fábricas de agua de las que dependemos todos. Y que no tienen arreglo si se dañan. Se entendió que hay que ser profundamente estúpidos para llenarlos de bulldozers. En Ecuador nos zambullimos de cabeza en esa estupidez y los presidenciables aplauden como focas.