Lo que faltaba: los correístas desempolvan las imágenes del terremoto de 2016 y alardean haber manejado la crisis con la solvencia que le falta al actual gobierno en su batalla contra el coronavirus. Antes de que la propaganda termine por falsificar la historia, conviene recordar algunos detalles de cómo el dogma centralizador del correísmo no solo convirtió todo aquello en un desastre aun antes de que se alzaran con los fondos para la reconstrucción, sino que es una de las causas de que hoy, cuatro años después, la ciudad de Guayaquil se encuentre en la indefensión frente a la emergencia sanitaria.

Abril de 2016: para cuando ocurrió el terremoto, el sistema de juntas locales de defensa civil ya había sido desmantelado y sustituido por una Secretaría de Riesgos adscrita a la Presidencia de la República cuya característica fundamental, desde entonces hasta la fecha, ha sido su incapacidad de dar un palo al agua. Esa noche, la del 16 de abril, no atinó siquiera con la alerta de tsunami.

¿Qué hizo Correa para corregir la ineficacia del nuevo sistema centralizado de defensa civil? Lo que haría un burro empeñado en no mirar a los costados (o una gallina que huye del tren corriendo hacia adelante por las mismas vías): lo centralizó aún más. Puso a un ministro al frente de cada cantón afectado: los titulares de las carteras del Interior, de Gestión Política, de Agricultura…, se convirtieron en jefes supremos de Pedernales, Jama, Bahía de Caráquez… Al delincuente de Jorge Glas le tocó Manta. Ahí, un mes después del terremoto, ni siquiera se habían retirado los escombros del barrio de Tarqui, zona cero de la ciudad: había casas en ruinas, marcadas para demolición, que continuaban siendo habitadas por sus propietarios; postes que colgaban peligrosamente de los cables del tendido eléctrico; muros que se sostenían unos a otros… Cientos de personas se juntaban en vano para pedir agua. La policía los contenía tras la valla de seguridad, que se supone debía servir para impedir el paso de las personas a la zona de escombros peligrosos pero aquí se usaba para mantenerlos dentro. Mientras tanto, Glas se fotografiaba acariciando cabezas infantiles en Jaramijó y decenas de tecnócratas llegados desde Quito, instalados en el hotel Oro Verde, llenaban cuadros de Excel.

Cabe preguntarse cómo pudo ser la respuesta inmediata tras el terremoto si se hubieran mantenido en ese entonces las juntas cantonales de defensa civil. Y cómo, cuatro años después, podría afrontar Guayaquil la guerra contra el coronavirus si no se hubiera desmantelado, con el mismo criterio centralizador, el Instituto de Higiene Izquieta Pérez con sus setenta años de experiencia en el control epidemiológico, en la investigación, en la fabricación de sueros, vacunas y medicamentos. El organismo centralizado con el que se lo sustituyó, obviamente, reemplazó las actividades de investigación por las administrativas y no ha jugado un papel relevante en esta emergencia. No era una casualidad que una ciudad como Guayaquil, con una larga historia de lucha contra epidemias de todo tipo, hubiera desarrollado un organismo como el Izquieta Pérez (que, además, servía a todo el país). Hay que recuperarlo. Porque si alguna lección debe dejar la crisis del coronavirus, es la inutilidad de ciertas políticas centralistas que ahogan la capacidad de respuesta local a las emergencias.