Balas en el país de los cainitas

15 de diciembre de 2022: uno de los hombres más peligrosos del Ecuador, Junior Roldán, alias JR, líder de los Choneros, sentenciado por asesinato, es liberado por un juez de garantías penales y recapturado esa misma noche por la Policía luego de un intercambio de balazos con los 36 hombres armados que lo custodiaban. Puestos a revisar papeles, resulta que algunos de esos hombres (¿todos?) pertenecían a compañías de seguridad privada legítimamente constituidas y llevaban armas certificadas con el correspondiente permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre los involucrados había cabos de marina que, en sus horas libres, se sacaban el uniforme para dedicarse al negocio de la seguridad privada, ofrecían sus servicios a narcos asesinos como JR y terminaban (o podían terminar) liándose a tiros con la Policía. Todo con los permisos respectivos. Todo muy legal. Todo en orden.

No han pasado cuatro meses y viene el presidente de la República, perdido en el laberinto de su insufrible inoperancia, y proclama, entre otros anuncios de grueso calibre (nunca mejor dicho), que esos guardias de seguridad (uno tiene que pensar forzosamente en esos) se unirán a la fuerza pública en su guerra a balazos contra la delincuencia. ¿Ya solucionó el problema de los marinos narcos? ¿Garantiza la fiabilidad de las empresas de seguridad convocadas a esta cruzada? ¿Se acuerda por lo menos de lo que ocurrió en diciembre? ¿Se entera de algo? No parece. Pero como días atrás fue arrastrado por la opinión pública por haberse presentado en cadena nacional como una víctima de asesinato a la reputación, mientras 17 ecuatorianos al día son víctimas de asesinato propiamente dicho, consideró oportuno el presidente hacer un nuevo anuncio para lavarse la cara. Entonces salió con esto y con lo del permiso para portar armas. Y así va, de tumbo en tumbo, tratando de limpiar una embarrada en materia de comunicación con otra peor en materia de gobierno.

Por supuesto que medio Ecuador (aquel que cree que el problema de la inseguridad se soluciona repartiendo armas de fuego) lo celebra. Mientras tanto, el otro medio Ecuador ha puesto el grito en el cielo: son los que creen que no hay que repartir armas a cada ciudadano, nomás a aquellos que tiene carnet de afiliación a la Conaie. En este grupo de defensores de las guardias indígenas armadas (que ya saquearon Puyo en junio) se incluyen las universidades que les dan cobijo o marchan a su lado, los defensores de los derechos humanos que constan en su rol de pagos, los tinterillos influencers de distinto plumaje, los actores culturales que no se enteran de nada y se precian de ello y esa novedosísima militancia del siglo XXI: la de los guevaristas pacifistas (tan contradictorio como decir hitlerianos sionistas). En fin: la International Cheveranga. Cultores de aquella sofisticada forma de racismo que consiste en romantizar la figura del buen salvaje (por más minero ilegal que este sea), argumentan que las armas de las guardias indígenas de la Conaie, cuya violencia es sagrada, están acreditadas por quién sabe qué inveteradas costumbres ancestrales. Quien no lo entienda así es porque tiene su mente “enmiserada por el fascismo”. Así que el debate sobre las armas ha quedado desvirtuado (ya sea por pusilanimidad o fundamentalismo) debido a nuestra negativa a debatir lo que en verdad importa: la violencia. Y así es como los ecuatorianos nos preparamos para la madre de todas las batallas.