Priscilla Falconi Avellán | ¿Castración química o justicia preventiva?
La castración química no transforma agresores ni garantiza justicia
El presidente remitió a la Corte Constitucional su propuesta de reforma el artículo 393 para castrar químicamente -inyecciones para reducir la libido- a violadores con sentencia ejecutoriada. Se aplica en Polonia, Corea del Sur, Indonesia y algunos estados de EE.UU. En 2022, el presidente Castillo lo propuso en Perú, pero el Congreso lo rechazó tras la advertencia de la CIDH: imponerla como pena viola la prohibición de tortura y tratos crueles, según tratados.
La Corte debe emitir un dictamen previo. Si concluye que esta medida vulnera derechos reconocidos en tratados internacionales suscritos, la Asamblea no podría avanzar. Ecuador ha ratificado la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; además reconoce la jurisdicción de la Corte IDH, cuyas sentencias son vinculantes.
Pero más allá del debate jurídico, ¿previene la violación? No. El impulso sexual no es su única raíz; hay también poder, odio, control y trauma. La castración química no transforma agresores ni garantiza justicia. Estudios (Journal of Law and Medicine) señalan que solo reduce reincidencia si se combina con terapia y consentimiento; y aun así no hay evidencia concluyente de su efectividad como política pública (Sociedad Internacional de Psiquiatría Forense).
Lo que sí funciona -y está probado- es la prevención. Me consta: trabajé en programas de prevención de abuso sexual infantil. Según CDC y ONU, programas escolares pueden reducir la violencia sexual hasta en 50 %. El ‘Green Dot’ bajó casos entre estudiantes en 12 %. Y el National Sexual Violence Resource Center demuestra que la educación sexual integral con enfoque de género, desde edades tempranas, fomenta respeto y reduce patrones de agresión. Políticas educativas, comunitarias y terapéuticas que abordan el poder, la desigualdad y la cultura -no solo el deseo- son más efectivas que cualquier pena.
No basta con indignarse o aplaudir castigos simbólicos. El trauma de la víctima no termina con la condena al agresor. Las secuelas son profundas, físicas, psicológicas y sociales. Exijamos prevención real, justicia con enfoque de género, reparación a las víctimas y educación transformadora. Antes que castigar el delito, evitemos que ocurra.
