Roberto Aguilar | Noboa pavimenta la ruta al despotismo

De los excesos de la Constitución hipergarantista, el nuevo Ecuador de Daniel Noboa avanza hacia la eliminación de toda garantía. De aquella idea extravagante de convertir el Estado de Derecho en Estado de derechos, como si la máxima salvaguarda de todos los derechos no fuera, precisamente, el Derecho, el nuevo Ecuador de Daniel Noboa parece decantarse por un Estado en el que el Derecho se utilice como expediente para privarnos de derechos. Todo un hallazgo.

Dos leyes aprobadas en la Asamblea de Niels Olsen, apéndice del Ejecutivo, en el lapso de apenas cuatro días, persiguen ese mismo propósito y comparten ese mismo espíritu: el de preservar, a nombre del conflicto armado interno, un espacio de impunidad para la fuerza pública en desmedro de una sociedad civil desprotegida y a su merced.

La Ley de Solidaridad y la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el martes, configuran lo que la primera de ellas define como Régimen Especial: aquel en el que el aparato de represión del Estado se libera de la responsabilidad de rendir cuentas a la justicia. Régimen Especial: el que prescinde de los jueces. Cierto es que la corrupción del sistema judicial es un problema serio en la lucha contra el crimen organizado. Pero, ¿es renunciando a la justicia como se pretende ganar esa batalla?

Parece un chiste: cuando el concepto de allanamientos policiales sin orden judicial, contemplado en la primera de estas leyes, la de Solidaridad, produjo debate y descontento, el oficialismo en la Asamblea reaccionó dizque atemperando la cosa con la inclusión de un requisito: allanamiento policial sin orden judicial, sí, pero con informe previo de Inteligencia. Luego, claro, la Ley Orgánica de Inteligencia ya se encargó de permitir casi cualquier tipo de espionaje no solo sin orden, sino sin propósito judicial alguno, es decir: espionaje sin relación con investigación fiscal. O sea: el nuevo Ecuador de Daniel Noboa podrá espiar a cualquiera, en cualquier momento y porque sí.

Los excesos de esta ley ya se han reseñado: la obligación de las operadoras telefónicas de permitir a los organismos de Inteligencia el acceso “en tiempo real” de las comunicaciones. La transformación (monstruosa, demencial) de la sociedad entera (personas naturales y jurídicas en su conjunto) en “organismo de apoyo” de los servicios de Inteligencia, condición que impone el deber de proporcionar la información que se les solicite, por reservada que sea, en el lapso de 48 horas… Es la ley soñada de cualquier dictadura. Es exactamente lo mismo que el correísmo practicaba en secreto y de manera vergonzante, solo que ahora forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Sobra decir que una ley así puede ser usada con fines de persecución política. Y lo será.

Que no, dice la asambleísta de gobierno Inés Alarcón, tomándonos por pendejos: que no se cometerá ningún exceso porque “el texto (de la ley) contempla el respeto a los derechos humanos”. ¿Quiere decir la honorable legisladora que si la ley no incluyera un artículo (declamativo, innecesario) en que se profesa respeto por los derechos humanos, estaría autorizada para violarlos? ¿Que la simple inclusión de ese artículo garantiza el respeto de las garantías ciudadanas aunque todos los demás estuvieran diseñados, como en efecto están, para hacer tabla rasa de ellos? Esta ruta solo conoce un destino: el despotismo.