Más que un país dispuesto a tolerar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, que ya sería preocupante, lo que tenemos aquí es una opinión pública que las pide a gritos: por favor golpeen, disparen, maten, no tengan piedad… Nada hay más impopular, en este Ecuador de la guerra a muerte contra las bandas criminales, que la democrática certeza de que eso es incorrecto. Más que incorrecto: perverso. Diga lo que diga la muchedumbre irracional y vociferante.

Sí, los derechos humanos tienen mala prensa y parte de la responsabilidad de que así sea recae sobre algunos de sus más ruidosos defensores: organismos que llevan años sirviéndose de ellos para el chantaje social y la victimización, bien financiados militantes con agendas políticas ocultas que apoyaron a los violentos de las insurrecciones de 2019 y 2022. Funcionales, ahora lo sabemos con certeza gracias a los chats del Caso Metástasis, a los intereses de las bandas criminales. Y que sean precisamente los operadores políticos de esas bandas, los correístas, quienes hoy pretenden establecer veedurías ciudadanas para supervisar el tratamiento de los delincuentes detenidos en la guerra contra el narcotráfico, eso tampoco ayuda. Al contrario, estorba: pocas cosas más dañinas para la causa de los derechos humanos hemos visto en los últimos días como las lágrimas de cocodrilo de Paola Cabezas en la Asamblea.

De ahí a compartir el entusiasmo tribal que suscitan esas prácticas ritualizadas de escarmiento y de venganza que ejecutan los militares con total impunidad y que se difunden en las redes sociales, media un abismo. Una multitud de cuentas especializadas en la difusión de esos videos han florecido en medio de la aprobación general de la opinión pública. Como si fuera lo más normal. Rápidamente nos hemos acostumbrado a las imágenes de los militares pateando marginales maniatados y semidesnudos sin que eso genere ningún debate público. A tal extremo que hasta la inoperante Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos (así se llama el engendro burocrático que le paga sus vacaciones en Europa), cree pertinente enredarse en un bizantino debate virtual con una asambleísta mientras se desentiende de los abusos que se están cometiendo en sus narices. ¿No tiene nada que decir la ministra de Derechos Humanos sobre los videos de abusos militares que inundan las redes? ¿Los aplaude también, como todo el mundo?

Hay que ver en qué clase de país nos hemos convertido. Uno que renunció definitivamente a vivir en democracia. Porque en una democracia no pasan estas cosas. En una democracia, el respeto por los derechos del peor de los delincuentes es una garantía de respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Porque, claro, en una democracia hay ciudadanos, no gamberros inciviles sedientos de sangre, irreductibles al uso público de la razón, incapaces de sumar dos más dos y sacar lecciones y pensar, por ejemplo, que después de todo lo que nos enseñó el Caso Metástasis, después de comprobar la infiltración del crimen organizado en la fuerza pública, quizás, tal vez, acaso, no sería lo más conveniente dar a policías y militares los poderes que tanto se reclaman, la autorización para disparar sin rendir cuentas, el beneficio de ser juzgados por tribunales especiales, la posibilidad de ser indultados sin investigación alguna, en fin, todas esas cosas que serán sometidas a consulta popular y se aprobarán masivamente porque lo único que queremos de la Policía, en este país, es que mate, que mate mucho, que mate bien, que mate a discreción y que mate todo el tiempo. Porque los criminales, finalmente, han vencido: nos convirtieron en seres a su imagen y semejanza. Fito presidente.