Curiosa demanda la que ha presentado en mi contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Me acusa de la infracción electoral grave de “violencia política de género” por haberla criticado (en términos duros, sí, pero neutros, es decir, aplicables por igual a hombres y mujeres) en mi artículo titulado “Diana, levántate y anda”, que se publicó en este mismo espacio el 27 de julio del año pasado. Pero en lugar de esforzarse por demostrar sus acusaciones, la mayor parte de su alegato y la delirante montaña de documentos que lo acompañan se centran en defender al más famoso de nuestros delincuentes prófugos y a su partido político. Partido que, en violación abierta de la sentencia que lo priva de sus derechos de participación política, él continúa dirigiendo porque Diana Atamaint se lo permite. ¿No es curioso que una demanda por violencia política de género consista en proteger a un macho alfa?

 Si escribo sobre esto en este espacio es porque se trata de un tema de gran interés público. En primer lugar, porque el hecho de que una alta funcionaria de Estado conduzca a tribunales a un periodista por escribir sus opiniones es un abuso de poder que atenta no solo contra la libertad de expresión de ese periodista sino, sobre todo, contra el derecho que tienen sus lectores (que son miles) a leerlo. En segundo lugar porque estamos ante un nuevo caso de manipulación del discurso de género con el no disimulado propósito de procurarse un espacio de impunidad política. En tercer lugar porque este simulacro se desarrolla en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y no es la primera vez que esto ocurre. Resulta que el artículo 280 del Código de la Democracia, sobre la violencia política de género, ha convertido a ese tribunal, y no por voluntad de sus jueces, en el último reducto de la persecución correísta a la opinión. Por último está la parte cómica del caso: ver a Diana Atamaint, tan mezquina, tan ridícula, tan pequeña, tan entregada a la tarea de conservar el carguito, que no consigue disimular las barbaridades que comete con el fin de congraciarse con quienes se lo procuran.

Escribí, en mi artículo de julio del año pasado, que ella no ha movido un dedo para evitar que un prófugo de la justicia participe directamente en el proceso electoral y hasta aparezca en vallas y otras formas de propaganda; o para impedir que el correísmo auspicie a siete candidatos en una elección, la del CPCCS, donde la participación de los partidos está estrictamente prohibida. Dije que, en esos aspectos, ella se conduce con la diligencia de un cadáver. Y que tenerla al frente del CNE es como tener mamá pero muerta. La llamé pusilánime, obsecuente, miseria de funcionaria. Nada de lo cual constituye un “estereotipo de género”: se lo diría igual si fuera hombre. Pero resulta que la presencia del “estereotipo de género” es, según la ley, esencial en la configuración de la infracción que me atribuye. Ella no se para en detalles. Se dedica, en su alegato, a desmentir que Rafael Correa participara en la campaña electoral, como si no lo hubiera visto todo el mundo. Y pide a todos y cada uno de los directores provinciales del CNE que lo certifique. Y ellos, obedientes, lo hacen. Ahora resulta que Correa no participó en la campaña porque lo dicen 24 papeluchos con sello y firma. Y que, como no participó en campaña, soy culpable de violencia política de género. Así el razonamiento de Diana Atamaint. Muy inteligente no parece, ¿verdad?