Estamos en un momento crucial de la historia del mundo y el Ecuador. Se espera con anhelo la llegada de una vacuna o tratamiento médico que ponga fin a la pandemia de la COVID-19. Las consecuencias de esta enfermedad traspasaron el ámbito sanitario y hundieron economías, debilitaron instituciones, revelando y acentuando desigualdades, y generando desconcierto.

Salvar vidas humanas y proteger su salud son las grandes prioridades, pero al mismo tiempo es también primordial identificar soluciones y aplicar tratamientos no paliativos, sino profundos, a las amenazas de la estabilidad, prosperidad y paz de los países.

La desconfianza en los gobiernos, la corrupción y la discriminación estructural que sufren varios grupos de la ciudadanía están socavando los cimientos de nuestras democracias y ponen en peligro el contrato social necesario para enfrentar esta crisis. La última encuesta del Latinobarómetro, realizada en 2018, muestra que la confianza de la ciudadanía latinoamericana en sus gobiernos cayó del 45 % en 2009/2010 al 22 % en 2018.

Además, el desarrollo humano global, como medida combinada de educación, salud y condiciones de vida en el mundo, podría retroceder este año por primera vez desde la introducción de este concepto en 1990, según alerta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La COVID-19 está exacerbando las desigualdades y previsiblemente aumentarán las tensiones sociales.

Por estos motivos, y también ante el embate del racismo y la discriminación, António Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamado para que los países inviertan esfuerzos en la cohesión social, uno de los ejes principales de la estrategia de respuesta inmediata de las Naciones Unidas ante la COVID-19.

La cohesión social tiene varias dimensiones. Una de ellas se refiere a las percepciones y la confianza de la ciudadanía respecto a las leyes, instituciones y autoridades a nivel nacional y local. Para ello, se aspira que los gobiernos y las instituciones sean eficientes, transparentes y eficaces en su gestión, y que contribuyan al desarrollo socioeconómico con políticas inclusivas y de protección.

Otra dimensión de la cohesión hace relación a la propia comunidad, al nivel de confianza y las interacciones entre los diferentes colectivos. En ese sentido, todos los sectores deberían contribuir en la construcción y defensa de una visión compartida de futuro y un conjunto de objetivos comunes de desarrollo y paz.

En menos de un año el Ecuador vivirá un proceso electoral. Desde la perspectiva de la cohesión social, es importante que las elecciones puedan desarrollarse con todas las garantías, pero además que las diferencias ideológicas o la contienda política no acentúen las divisiones en la sociedad y afecten la convivencia pacífica.

Hay un camino posible. Está marcado por los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, que Ecuador junto con otros 192 países se comprometió a cumplir. Su carácter global les dota de una legitimidad que podría aprovecharse para encontrar un punto de encuentro apartidista. Esto abonará a la cohesión social necesaria para unir a todos los sectores y crear la resiliencia que tanto necesitamos ahora y mañana.