El doble rasero, como se sabe, es esa actitud de juzgar lo mismo con distinto rigor. Esa es una costumbre inveterada de nuestra política que, otra vez, se reproduce respecto de lo que ahora se exige en la acusación constitucional al presidente Lasso y que, antes, ni se nos ocurrió sobre la de Glas.

Hoy decimos que el CAL no podía mandar a corregir los errores torpes de la acusación constitucional a Lasso, pero ocurre que la de Glas, presentada el 7 de noviembre de 2017, fue corregida, a instancias de ese órgano, el 14 de diciembre, es decir, más de un mes después, pues no se había incorporado la prueba de cargo. Tampoco decimos que, en ese caso, los acusadores remitieron “información adicional”, sucesivamente, el 8, 9 y 10 de noviembre. Igual que ahora, para calificar la acusación, el CAL solicitó informe de la Unidad de Técnica Legislativa. Se debió caer el caso, entonces, y debimos haber saltado de indignados por esas “irregularidades”.

Es más, la acusación formulada por asambleístas del hoy oficialista CREO, con el actual ministro Cucalón (firma 32), imputaba a Glas, en potencial, “cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito” (sí, todo junto y mezclado) y anunciaba, expresamente, que para la calificación del CAL y de la Corte Constitucional, la responsabilidad política y el análisis de pruebas solo podía hacerse en el juicio político.

La Corte Constitucional, en el caso Glas, se queda dentro de sus estrictas competencias y decide hacer solo un ‘check list’ y únicamente sobre ‘temas de forma’. De hecho, a nadie se le ocurrió decirle que haga algo más. Aplausos, la Corte “cervecera” no había extendido sus facultades para impedir el juicio político basado en una acusación harto mala. Hoy se quiere trasladar las condiciones de responsabilidad penal a un juicio político, cuando la actual Corte Constitucional, en el caso Yunda, dijo que eso no correspondía, pues la penal es objetiva y la política subjetiva.

No solo que molesta ese doble rasero, sino que, por cuestiones de conveniencia política, se quiere crear un precedente que, mañana, impedirá los juicios políticos presidenciales, sin pensar en a qué espécimen elegiremos en el futuro. Menos aún me gusta la lisonja que a la Corte le hacen quienes quieren que, por este caso, se “cambien” precedentes.