Una corte peligrosa
El deber de los jueces no es ser populares, sino, permanentemente, legitimarse en el ejercicio
La actual Corte Constitucional pasó de ser la mimada de cierto sector de la prensa a ser un tribunal censurado por esa misma parte de la opinión. Eso no es extraño, pues las cortes y tribunales constitucionales, al juzgar a la política, son objeto de alabanzas y de críticas, sin importar si son o no justificadas. De hecho, esos criterios se suelen basar en la toma de determinadas decisiones que afectan al poder o a cuestiones socialmente sensibles (matrimonio homosexual, aborto, juicios políticos, etcétera) pero no a lo que es el pan del día, es decir, a cómo se resuelve el caso del común de los mortales que es puesto en conocimiento de esa magistratura. Así, en la acción extraordinaria de protección la arbitrariedad campea, con inadmisiones a mansalva que implican, en varios casos, denegación de justicia, y la jurisprudencia sobre acción por incumplimiento la ha vuelto, en la generalidad de casos, en siempre improcedente. De la rémora y el activismo que desiguala a los justiciables hablaremos otro día.
Lo que hace peligrosa a nuestra Corte no son sus competencias, sino que, con la Constitución de 2008, sus miembros no son sometidos a ningún control propiamente dicho: se eliminó el juicio político a sus integrantes, pese a que nunca se inició uno contra los vocales de los anteriores Tribunal Constitucional y Tribunal de Garantías Constitucionales. Se tuvo que hacer una consulta popular para permitir que el Consejo transitorio evalúe a los miembros de la “corte cervecera” (a los que aún tendríamos, si eso no se hubiese dado).
Por otra parte, si bien la Constitución indica que sus integrantes son responsables por sus “actos u omisiones” al ejercer esas funciones, como pasa con la generalidad de jueces, la Ley de Garantías señala que no responden penalmente por sus resoluciones, lo que fue cohonestado por una sentencia de la corte “cervecera”, mantenida por los actuales miembros.
En general, se puede destituir a jueces ignorantes (error inexcusable), irresponsables y vagos (negligencia manifiesta) o que fallan sin razón (no motivar), pudiéndose procesar como prevaricador al que resuelve contra norma expresa. La salvedad: la Corte Constitucional. Ya tuvimos una corte “cervecera”. Podemos tener otra, y hasta peor. El deber de los jueces no es ser populares, sino, permanentemente, legitimarse en el ejercicio.
