Confrontación o acuerdos Ejecutivo – Legislativo
Ni la sumisión de uno respecto del otro, ni el choque frontal, son buenos para la nación
Concluida la primera vuelta se han tomado dos definiciones: que Luisa González y Daniel Noboa irán al ballotage el 15 de octubre y que la Asamblea se integrará con el correísmo como primera mayoría, aunque no absoluta, tal como ocurrió en 2021, incluso aumentando sus curules.
En nuestro régimen presidencial, el Jefe del Estado puede tomar varias decisiones importantes sin intervención de la Asamblea, como es la conformación del gabinete ministerial, sobre el que no existe ninguna fórmula de apoyo, ratificación o consentimiento parlamentario, como sí ocurre en Estados Unidos, Perú y Uruguay, por ejemplo. Tampoco necesita de la Asamblea para emitir reglamentos, convocar a consultas populares, la definición de las políticas públicas, como es la monetaria, crediticia, financiera y cambiaria (que lo hace a través del Banco Central), educativa, de salud, trabajo, economía, defensa exterior, orden interno y seguridad ciudadana, relaciones exteriores, agricultura, recursos naturales, bienes nacionales y un larguísimo etcétera.
Si bien no es la Asamblea la que define esas políticas, son las leyes las que regulan varios de esos aspectos: por eso existe una legislación laboral, minera, hidrocarburífera, monetaria y financiera, educativa y sobre todas esas áreas. Por ello, es un despropósito decir, alegremente, que se puede “gobernar sin Asamblea”. Ello implica un abierto desconocimiento del sistema.
Por otra parte, si bien la Asamblea fiscaliza unilateralmente, pudiendo llevar a juicio político y destituir a funcionarios gubernamentales, no legisla sin intervención del Ejecutivo, no solo porque todo proyecto de ley aprobado por la Legislatura debe ser sometido a la objeción o sanción presidenciales, en los que el sistema de vetos la da primacía al jefe del Estado, sino que varios temas importantes solo pueden ser iniciados por el Presidente de la República, como son los impuestos y los que impliquen aumento del gasto público.
Ni la sumisión de uno respecto del otro, ni el choque frontal, son buenos para la nación. Será un corto período de año y medio que no puede ser caracterizado por la anulación mutua. El país tiene, hoy, un problema muy delicado en materia delincuencial. ¿Se podrá debatir una ley que dé protección a los miembros de la fuerza pública, como se hizo en Chile?
