Campaña pagada

Tradicionalmente, como ocurre en la generalidad de naciones, las campañas electorales debían ser financiadas y pagadas por los partidos políticos que participaban en las elecciones y por sus candidatos. Gran parte del gasto, en aquel entonces, era en la publicidad electoral realizada en anuncios de televisión, radio, periódicos y vallas, además de las antes acostumbradas pegatinas, volantes, esferos, camisetas y un sinfín de regalitos, a los que se añadían otros ‘promocionales’.

En 2007 se dijo que eso impedía que valiosos ciudadanos sean candidatos porque no podían costear la campaña, por lo que la publicidad electoral en televisión, radio, periódicos y vallas debía ser pagada por el Estado, a través del Consejo Electoral, prohibiéndose su contratación particular. Ahora, cuando se dice “pagado por el Estado”, en realidad estamos diciendo que lo pagan, de uno u otro modo, todos los ciudadanos, pues el presupuesto se financia con los impuestos que paga la gente y, por último, se trata de recursos que, en lugar de ir a cuestiones fundamentales como salud, educación, obras y servicios públicos, seguridad y un larguísimo etcétera, se van a pagar una parte de la campaña. Y digo que “una parte”, porque el ‘spot’ publicitario no lo hace ni lo paga el Estado, así como el diseño que se imprimirá en el diario o en la valla, sino que lo tuvo que contratar y pagar el candidato o el partido. Como se ve, para el ciudadano ‘chiro’ la cosa queda casi tan igual como antes: para acceder a esa publicidad igual debe tener financiamiento y, por otra parte, su candidatura debe ser auspiciada por un partido o movimiento que, en cualquier caso, debería asumir el costo publicitario.

A la larga, esta clase de restricciones sirve para limitar que candidatos incómodos puedan pautar su publicidad donde y cuando quieran, y en los horarios que les convengan, más aún cuando pueden tener en frente a postulantes oficiales, cuando no a presidentes-candidatos, con toda la apertura en los medios de comunicación. Al final, este tema funciona igual que el límite al gasto electoral y al control del financiamiento: operan según la carita del marchante. ¿Ha visto usted a un presidente o dignatario importante sancionado por superar esta clase de normas? Por supuesto, esas disposiciones se le aplicarán a usted, con toda la fuerza, no a los privilegiados de momento.