Afiliación para ser candidato

En este precipitado proceso electoral observamos, una vez más, candidatos que ninguna relación tienen con la organización política que los presenta, retomando la idea de “partidos de alquiler”. Por ello se propone que las postulaciones se reserven a los afiliados, sin que quepa esta clase de auspicio, olvidando nuestra historia constitucional.

La Constitución de 1945 fue la primera en tratar sobre los partidos políticos y la de 1967 fue la inicial en establecer que solo los partidos podían presentar candidatos a elecciones pluripersonales, monopolio que se extiende a todas las candidaturas en la de 1978-79, con un agravante: los postulantes debían ser afiliados al partido, eliminando la posibilidad de auspiciar candidaturas. En 1986 se plebiscitó la idea de volver a permitir la candidatura de ciudadanos independientes a través del auspicio, triunfando el No. Sobre lo mismo, en 1994 ganó el Sí, aunque la norma posibilitó las postulaciones por fuera de los partidos en listas de independientes, con el solo requisito de firmas de respaldo, lo que se confirmó en la Constitución de 1998, mientras que la de 2008 se queda en el intermedio: solo partidos y movimientos presentan candidaturas, pero los postulantes pueden ser afiliados o auspiciados.

La afiliación no asegura mucho: basta cumplir un trámite formal para serlo y así, ser candidato. Si el partido no lo presenta, se puede crear uno, como lo hizo Sixto Durán-Ballén en 1992 con la efímera Unidad Republicana (que solo participó en esa elección). De las listas de independientes con firmas de respaldo, al modo alegre como se crean hoy los movimientos políticos, no hay distancia, y poca respecto de los partidos electoreros. Bastan lindos colores y alguna palabra, tan atractiva como vacía, encontrada en el diccionario.

Como se ve, seguimos dando vueltas en redondo, yendo y volviendo, sin consolidar ningún sistema. Al menos, mientras no se reconstruya un verdadero régimen de partidos políticos, se debería condicionar que las candidaturas nacionales (presidenciales y legislativas) solo puedan ser presentadas por organizaciones nacionales, pues en esas instituciones no se promueven ni debaten intereses locales, los que corresponden a entes seccionales (provinciales, municipales y parroquiales), generando una mayor atomización y el surgimiento de bancadas de independientes.