El sistema de concursos para designar a distintos funcionarios es, salvo notorias y notables excepciones, un estrepitoso fracaso que transformó la tal ‘meritocracia’ en la llenada de papeles demostrando poseer una serie de títulos de grado y posgrado, que a veces dicen muy poco, o haber ejercido diversas funciones públicas previas, y con la toma de pruebas escolares escritas y largas exposiciones verbales, al que se suma un sistema de impugnación ciudadana convertido en cualquier cosa: gente con dudosos antecedentes que no son cuestionados y otros que lo son con notorios afanes de revancha personal.

Pero la cosa no se queda ahí: al resultado de esos concursos se suman su costo y demora, lo que hace que múltiples órganos del poder público se encuentren en manos de encargados, subrogantes y prorrogados, encima, con normas insuficientes. Lo mismo ocurre con investiduras que no dependen, propiamente, de un concurso sino de un sistema de designación con fase de impugnación ciudadana, como ocurre con los nombrados por ternas: Procurador y Consejo de la Judicatura.

El caso del Consejo de la Judicatura es clamoroso: como su presidente nato es el resultante de la terna de la Corte Nacional de Justicia, tuvimos una titular por descarte: habiéndose descalificado a los dos primeros de la lista, se la nombró a falta de otros. Ahora, tenemos un presidente por rebote: como la titular de la Judicatura no tenía reemplazo, pues los dos de la terna fueron descalificados, de la terna de la Fiscalía se tomó al tercero (el que no era ni titular ni suplente de esa vocalía) para remplazar a la presidente.

Por una gracia de ese Consejo, se desbarató a la Corte Nacional y como la Corte Constitucional, para variar, tardó en declarar la inconstitucionalidad, el desorden de los períodos de sus jueces hace que, hoy, haya menos titulares que conjueces y encargados, por lo que no pudieron nombrar presidente, y como el concurso de Corte Nacional se declaró nulo (así de bien) hay que hacer otro. Es decir, para las calendas griegas. Del Consejo y del Tribunal Electoral, ni hablar.

Para ese gastadero de tiempo y dinero, que, además, no garantiza nada, preferible una designación directa en que los nominadores, al menos, deban dar la cara por ese nombramiento. Por acá tuvimos uno que, por una década, nombraba todo, pero que nunca se hizo cargo de las designaciones porque provenían de un concurso…