Rafael Oyarte: Crimen y fuerzas extranjeras

Al momento de escribir esta columna no me ha sido posible conocer el acuerdo que el Gobierno ecuatoriano habría suscrito con el de los Estados Unidos, al parecer, con el fin de combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico. He preguntado y buscado, pero nadie tiene el famoso instrumento. No entiendo ese secretismo porque, más allá de la debida transparencia con la que se deben tratar estos asuntos, a la larga, igual conoceremos su contenido y, en este tiempo intermedio solo se fomentará la especulación.

No sabemos si ese acuerdo sería una especie de ‘shiprider agreement’, a través de los cuales los Estados Unidos colaboran con varias naciones facilitándoles el hacer cumplir sus leyes y su soberanía en el mar. Se usan naves estadounidenses con oficiales nativos embarcados, como forma de ejercicio soberano. Esos acuerdos son generalmente para la protección pesquera. En nuestro caso se extendería a la protección antidelincuencial y de narcotráfico. También se dice que tropas estadounidenses ingresarían a nuestro territorio para combatir a nuestras bandas delincuenciales.

Naturalmente las observaciones vendrán. Desde la Constitución de 1830, el ingreso de tropas extranjeras debía ser aprobado por el Congreso o Asamblea, y su uso solo podía darse en el caso de invasión exterior, desde la de 1878, lo que se elimina en la de 1906. Cuando en 1987 tropas estadounidenses ingresaron al Ecuador con el fin de colaborar en las labores de reconstrucción por el terremoto, se acusó al presidente Febres-Cordero de omitir ese requisito, que ya no existía desde la Constitución de 1978-79 y que no se lo ha vuelto a reincorporar, pues hoy solo se prohíbe bases e instalaciones militares extranjeras, que no se refiere a lo anterior.

Pero ello no excluiría otras dudas: como el ingreso debe ser autorizado, no se sabe si el acuerdo establece que debe ser específico, respecto de cada nave y operación, o si es más amplio; tampoco si podrán esas fuerzas detener ecuatorianos con el fin de entregarlos a autoridades nacionales, considerando que incluso a los extranjeros no se los pueden llevar sin un proceso de extradición.

Ver a Haití tomada por la delincuencia, donde sus ciudadanos malviven en el terror, rogando una intervención internacional que solo es aprobada un año después, no debe ser nuestro destino.