Rafael Oyarte: Ciudadanos sin derechos

En el siglo XX llamábamos a nuestro país “isla de paz”, pues solíamos compararnos con nuestros vecinos Colombia y Perú, asolados por la violencia guerrillera que, además, se mezclaba con la delincuencia. En Ecuador, una aparición subversiva en el país era complicada desde que nuestras fuerzas de seguridad mantenían un notorio dominio territorial, con cuarteles en todos los rincones de la nación, teniendo un interesante poderío, lo que se solía identificar con los pendientes territoriales con el Perú. No solo el descalabro de 1941 creó una conciencia ciudadana de que nuestras Fuerzas Armadas no podían ser descuidadas, no queriendo que se repitan las atrocidades ocurridas durante la ocupación de la provincia de El Oro y la pérdida territorial en el Oriente, con ecuatorianos despojados y desplazados. La solución del diferendo en 1998 hizo que los ecuatorianos olvidemos todo aquello y procedamos a contemplar, sin problema, el desarme nacional y la cada vez peor pérdida de valores cívicos.

Hoy estamos inermes frente a delincuentes que tiene un comportamiento peor que el de cualquier fuerza de ocupación extranjera, que desprecia y abusa del derrotado. El derecho a la vida y a la integridad del común de los mortales es, ahora, algo sin mayor valor. Presenciamos, con cada vez mayor naturalidad, como la gente es asesinada y robada en las calles, cuando no en sus hogares. Los extorsionadores ven prosperar su ilícito negocio, el que ya no alcanza a los grandes comercios, sino a cualquier mínimo emprendimiento y a humildes trabajadores a quienes se les amenaza a ellos y sus familias si no ceden a la “vacuna”.

¿Agravar las penas? Solución nada imaginativa que no considera que el delincuente no comete sus ilícitos revisando cuál es la sanción que la ley prevé para esos casos. Él delinque en la certeza que ni siquiera será procesado y, de serlo, que no será condenado y si quizá lo es, irá a parar a un centro penitenciario que es más un lugar de reunión con sus pares que otra cosa.

Mientras no se les trate como lo que son, unos violadores de derechos de las personas, y se lo haga con toda la fuerza, la cosa no cambiará. Y mientras las autoridades piensen de forma pusilánime más en su cómodo futuro que en cumplir con patriotismo su deber, apoyando y no abandonando a los miembros de la fuerza pública, las cosas empeorarán.