Rafael Oyarte | Audiencias realmente públicas
Los abogados que improvisan quedan expuestos, así como los jueces desconocedores, generándose una responsabilidad
En nuestro sistema procesal hay unas ‘audiencias públicas’ en las que los justiciables exponen, debaten, prueban y contradicen sus señalamientos con el fin de que se tome una decisión. Como en nuestro país las cosas no son lo que dicen ser, esas audiencias ‘públicas’ no lo son tanto, no solo por las limitaciones de infraestructura que no permiten que muchas personas puedan presenciarlas, sino que está prohibida su videograbación, lo que se extiende a un impedimento de transmisión y difusión de la diligencia. Eso marca una notable y notoria diferencia con otros países en que toda audiencia, de toda clase, es transmitida y las grabaciones quedan expuestas en Internet. Cuando la audiencia es realmente pública, cualquier persona y en cualquier momento puede ver la diligencia, fomentando la transparencia y la debida diligencia por parte de todos: los abogados que improvisan quedan expuestos, así como los jueces desconocedores, generándose una responsabilidad que nace de la reprobación pública a malas actuaciones. Del mismo modo, el órgano administrativo, como el Consejo de la Judicatura, no puede encubrir a malos elementos ni tener comportamientos arbitrarios en contra de jueces ‘incómodos’ al poder (cualquier clase de poder).
Se podrá decir que en una audiencia realmente pública, en la que todos puedan verla sin mayores restricciones, es decir, excluyendo casos sensibles (contra menores, delitos sexuales y otras causas similares) se vulnera el derecho a la intimidad de las personas, pero ello no considera que, desde hace décadas, cualquiera pude averiguar la vida, pasión y muerte judicial de todo quien ha sido partícipe de un proceso a través del Expel o Satje. No otro poco pasa con la página de la Fiscalía, y ahí hablamos de investigaciones penales, incluso, archivadas. La publicidad de las audiencias no solo que no agrava el estado de cosas actual, sino que tiene un alto componente de beneficio a la causa pública y a favor de los justiciables: los defensores, hasta por amor propio, tendrán que preparar bien el caso, sin poder improvisar (cosa que no es rara en nuestro sistema), y a los juzgadores desviados se les reducirá el nivel de arbitrariedad. Será más difícil al abogado farfulla inventarse bulos en redes sociales, desacreditando al contrario como arma para ocultar sus serias limitaciones. Que la ciudadanía conozca no solo lo que la prensa medio le cuenta y se tenga un verdadero control social a la justicia y a sus intervinientes.
