Priscilla Falconí Avellán: Paridad, poder y violencia política de género
Convertir una figura de protección en arma política debilita su legitimidad, ahoga el debate y mina la credibilidad
La participación política de las mujeres es clave para la democracia. La paridad no es solo justicia sino representación real. Por eso existen cuotas obligatorias en las listas electorales y la figura de violencia política de género, incorporadas a la ley de elecciones, mal llamada Código de la Democracia.
Las cuotas corrigen desigualdades históricas. En México, Bolivia, Costa Rica, España y Francia han promovido una presencia femenina constante sin afectar la calidad institucional. En Ecuador, la Corte Constitucional (sentencia 1041-19.JP/25) ratificó que el principio de paridad es vinculante en la designación de autoridades y que no contradice el mérito, sino que lo enmarca en condiciones de igualdad real.
Hoy, la inclusión femenina en política se aproxima al 45 %.
La violencia política de género -acciones u omisiones que buscan impedir el ejercicio de derechos políticos de las mujeres- es real. En Ecuador, 58 % de agresiones provienen de actores políticos (ONU Mujeres); 80 % ocurre en redes sociales con ataques a la apariencia, la vida privada o supuesta incapacidad (OCVP). Entre 2023 y 2025 aumentaron 80 %; en el 2024 hubo 14 asesinatos de mujeres políticas, y desde el 2020, de 63 denuncias ante el TCE, solo nueve se sancionaron.
Pero algo tan serio hoy se manipula para evadir el escrutinio y silenciar críticas legítimas.
No todo cuestionamiento a una mujer en política es violencia. Se exagera lo trivial para ocultar lo grave, se acusa para callar.
El problema es de diseño: una norma extensa y poco concreta, con margen para denuncias forzadas o estratégicas. Aunque no es materia electoral, las juzga el TCE, sin competencia penal ni formación en derechos humanos, pudiendo incluso destituir a autoridades electas por una opinión en redes. ¿Protección de derechos o blindaje de privilegios?
En tres años, Ecuador ha visto más de una decena de denuncias mediáticas. Algunas válidas, otras forzadas. Convertir una figura de protección en arma política debilita su legitimidad, ahoga el debate y mina la credibilidad de las víctimas.
Las mujeres en poder también rinden cuentas. No todo cuestionamiento es violencia. A veces, solo es democracia.
