Priscilla Falconi Avellán | ¿Ministerio de la Mujer o política de género real?
La fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno exige una reflexión más profunda
Es válido querer un Estado más eficiente. Cuando los ingresos no alcanzan, ajustar el gasto es lógico. Reducir puede ser necesario. Pero hay decisiones que pueden costar más de lo que ahorran. La fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno exige una reflexión más profunda.
Los ministerios de la mujer surgieron en América Latina en los 80 y 90 como respuesta a demandas feministas y compromisos internacionales con la igualdad, en contextos de violencia y exclusión que aún persisten. Para 2021, el 44 % de los países de la región contaban con uno. Mientras España, Canadá y Francia los fortalecieron con más atribuciones; Chile, Perú, Colombia y Paraguay los mantienen; Brasil, Argentina y Panamá los han desmontado o debilitado. Según ONU Mujeres, en 2024 uno de cada cuatro países del mundo registró retrocesos en derechos de las mujeres. Donde se desmanteló la institucionalidad de género, el impacto fue grave: en Argentina se suspendieron programas de prevención y recortaron fondos para refugios (Observatorio Ahora que sí nos ven).
En Ecuador, tras décadas de institucionalidad dispersa, se creó en 2022 el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como instancia rectora del sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia. Articulaba políticas públicas, evidencia y medidas de protección. No era simbólico: coordinaba casas de acogida, Centros Violeta, acciones preventivas y servicios especializados. Solo en 2024, con apenas el 0,01 % del PIB, atendió a casi 19.000 personas, operó 14 Centros Violeta y 20 de Atención Integral (MEF y ONU Mujeres).
En un mundo ideal, la equidad estaría integrada en toda política pública y no faltaría un ministerio exclusivo. Fusionarlo sin una propuesta clara manda el mensaje de que los derechos de más de la mitad de la población no son prioridad. Y en un país con altos índices de femicidio, esa decisión puede costar vidas.
La verdadera pregunta no es si debe haber ministerio, sino si el Estado está dispuesto a asumir una política de género real: articulada, financiada y con poder transformador. La reestructuración, más allá del ajuste, ¿abrirá oportunidades reales de mejora o confirmará que los derechos de las mujeres siempre pueden esperar?
