Priscilla Falconi Avellán | De lo que no se habla
Convocar a Constituyente no es sólo una decisión jurídica, activa un período de transición con un costo que no siempre se ve
Este domingo estamos convocados a las urnas. Tres preguntas de referéndum consultan si estamos de acuerdo con establecer bases militares extranjeras, eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General a organizaciones políticas y reducir el número de asambleístas. La cuarta, mediante consulta popular, plantea convocar e instalar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna; proceso excepcional que implica redefinir instituciones y equilibrios del Estado.
No es un ajuste técnico, sino una decisión política mayor. Su ruta supone aprobar la convocatoria, elegir representantes (en listas cerradas), redactar el texto y someterlo a votación. El costo es cercano a US$ 200 millones y el plazo entre 12 y 15 meses.
Parte del contexto es que varias leyes impulsadas por el Gobierno no superaron el filtro de la Corte Constitucional, principalmente por observaciones en la forma. Frente a ello, la Constituyente puede verse como una vía para reiniciar esos debates sin negociación legislativa ni control constitucional.
Se afirma que sería la “única vía legítima y eficaz para redefinir el pacto social y reestructurar el Estado ante la crisis actual”. ¿Es esto cierto? ¿Una nueva Constitución, por sí sola, enfrentará la inseguridad, la crisis energética o la revolución tecnológica? ¿Garantiza mayor transparencia, participación o inversión extranjera?
La de 2008 tiene problemas reales. Pero muchas transformaciones pueden lograrse mediante enmiendas, reformas parciales, fortalecimiento institucional y aplicación efectiva de normas vigentes. Antes de refundar, tal vez conviene reparar, ajustar.
Convocar a una Constituyente no es sólo una decisión jurídica, activa un período de transición con un costo que no siempre se ve. La economía se desacelera a la espera de las nuevas reglas. La inversión se congela. La contratación se vuelve cauta. Mientras tanto, la inseguridad no espera y la atención se distrae.
Esperar que la nueva Constitución solucione todos los desafíos es ingenuo. Empezar de nuevo siempre seduce; más estratégico puede ser mejorar lo que tenemos sin perder el ritmo.