Priscilla Falconi Avellán | Corresponsabilidad, la pieza ausente
Exigir lo mismo a una multinacional que a una empresa de 15 trabajadores es desproporcionado
Un acuerdo ministerial es una norma obligatoria emitida por un ministro, que detalla cómo deben cumplirse derechos y obligaciones previstos en la ley. Su falta acarrea multas, procesos administrativos e incluso juicios.
El Acuerdo Ministerial MDT-2025-102 (8/2025) obliga a todas las empresas a contar con protocolos de prevención de discriminación, violencia y acoso laboral, y a diseñar programas de prevención de riesgos psicosociales cuando superen los 10 trabajadores. El Ministerio del Trabajo puede inspeccionar, multar y exigir correcciones si no se acata lo dispuesto. La intención es válida y alineada con la OIT. Prevenir el acoso y cuidar la salud mental es necesario.
El problema surge cuando los beneficios se acumulan en una sola dirección. La mayor carga recae en el empleador. Elaborar protocolos, registrar programas, capacitar y documentar implica tiempo y recursos. Para las grandes puede ser absorbible, pero para una pyme puede significar riesgos financieros y legales que la desestabilicen. Exigir lo mismo a una multinacional que a una empresa de 15 trabajadores es desproporcionado, y conlleva el peligro de fomentar la informalidad laboral.
La experiencia internacional lo confirma. En México, la norma psicosocial generó costos iniciales, pero luego se integró; en Chile más del 90 % de las grandes cumplió, pero menos de la mitad de microempresas; en España sólo la mitad declara tener protocolos de acoso. La brecha no es la norma, sino la falta de proporcionalidad.
Para facilitar la implementación, el Estado debería ofrecer herramientas prácticas: plantillas simples y estandarizadas, integración de protocolos a sistemas existentes y reglas claras que eviten denuncias maliciosas. Los trabajadores también deben asumir corresponsabilidad: asistir a capacitaciones, cumplir medidas preventivas y usar bien los canales de denuncia.
Acumular beneficios unilaterales sin balance alimenta un sistema paternalista que encarece, desincentiva el empleo y hace la economía menos competitiva. Paradójicamente se busca proteger al trabajador, pero se debilita el trabajo formal y se castiga a quienes arriesgan capital para generarlo.
