Paul E. Palacios | Conflicto de intereses
Cuando los gremios no se plantean normas en su proceder, el Estado termina metiéndose. Generalmente las cosas no acaban bien
Hace algún tiempo mencionaba en esta columna que visité al concesionario de un vehículo de mi propiedad para una revisión. Al hacer la revisión me indicó una persona del concesionario que el vehículo requería una reparación importante del sistema de frenos y de otro tipo. El presupuesto era casi de $ 3.000.
Un poco sorprendido llevé a revisar el vehículo a otra mecánica, y me indicaron que no requería reparación, y que estaba bien, pudiendo esperar otros 20.000 km aproximadamente, además de que era lo que indicaba el manual para esas piezas.
Hice mis averiguaciones, y ese concesionario tenía como política pagar una comisión a sus mecánicos por la venta de repuestos. Vendí el vehículo en la primera oportunidad y no volveré a tener otro de esa marca.
En otro tema, he escuchado ya de forma reiterada que algunos médicos envían a realizar exámenes de laboratorio que, cuando se visita al especialista (distinto al médico que los envió), comenta que los exámenes en esa amplitud eran innecesarios.
Es bien sabido que algunos médicos tienen participación societaria en ciertos laboratorios, o reciben comisiones por referidos. Generalizar sería completamente injusto, pero que los hay los hay.
Cuando alguien va a una concesionaria o a una mecánica, confía plenamente en que el criterio de quien valora la situación es honesto; imagínense lo delicado que es una valoración médica. Y no me refiero a unos exámenes simplemente, sino también a procedimientos, cirugías, etc.
Estoy seguro de que la gran mayoría de profesionales en la medicina tienen claro su juramento hipocrático, pero, así como hay prácticas de negocios que son estímulos perversos para perjudicar a un cliente, como pagarle comisión a un mecánico por los repuestos vendidos en una reparación, también hay ciertas prácticas que quizá a la Superintendencia de Competencia no les parezcan buenas, o al menos peligrosas en defensa de los pacientes.
Soy enemigo de la intervención pública cuando el mercado se puede regular por sí mismo, pero hay que tener muy claro que los conflictos de intereses pueden perjudicar severamente la fe pública.