A problemas complejos, soluciones integrales. Desde hace unos meses hemos sido testigos de crudas manifestaciones de violencia y criminalidad en las cárceles y calles del país. Tal y como ha sucedido en el pasado, la opinión pública ha señalado como principal consecuencia de estos acontecimientos la existencia de una ‘’creciente sensación de inseguridad’’ en la ciudadanía. 

Inmediatamente, las soluciones, desde los espacios generadores de la política criminal se concentran en la necesidad de proponer más tipos penales, endurecer penas, mayor dureza en las pesquisas y anulación de garantías. Existe claramente un patrón donde se identifica a la violencia y la criminalidad como las causas directas de la inseguridad, y por tanto se proponen soluciones aparentemente encaminadas a mitigar estos fenómenos como remedios absolutos. Esta política criminal miope, de tinte absolutista y simplista, relega la solución a la esfera jurisdiccional, que por actuar luego de suscitado el hecho y con lenta reacción, defrauda las expectativas ciudadanas, manteniendo fértil el suelo en el que sigue germinando y creciendo la inseguridad. 

El mundo ha evolucionado y concibe a la seguridad de manera distinta. El enfoque es multidisciplinario y está encaminado principalmente a sustituir la aproximación ‘’causa y efecto’’ que hemos expuesto antes, por una de ‘’correlaciones entre fenómenos’’. Esto supone generar o buscar la mayor cantidad de información y medir su incidencia y correlación con la seguridad, para lograr soluciones desde la prevención. Asimismo, debemos entender que la moderna concepción de seguridad ha avanzado hacia nuevas fronteras como el ciberespacio, el ambiente, la economía y la epidemiología, y en consecuencia la aproximación ex post de la justicia como solución única y efectiva ya no es suficiente. Realidades como las de Ecuador nos obligan a abordar la inseguridad en contraste con otros factores y dinámicas sociales. 

Ciertamente la criminalidad es uno de ellos, pero no el único. Existen otras variables tales como: desigualdad; acceso y distribución de espacios públicos; confidencialidad y manejo de datos; reforma urbana; educación, acceso a servicios básicos, entre otros, que ciertamente suponen un esfuerzo y costo político y económico muy superior a simplemente aprobar nuevos delitos y nuevas penas, o exigir más dureza a jueces y policías.