Quizá el acto más vergonzoso de nuestra historia republicana haya sido aquel en que el Congreso en pleno destituyó de sus funciones al presidente Abdalá Bucaram, supuestamente “por incapacidad para gobernar”, infamia histórica que humilló al pueblo que mayoritariamente lo eligió, si alguien pudo tragarse esa “piedra de molino” ideada por la diputada de oposición que la propuso. Pero los congresistas hicieron creer que la creyeron y se la tragaron. Abdalá Bucaram tuvo que autoexiliarse a Panamá, donde permaneció por más de 20 años.

Es abochornante también que al expresidente Jamil Mahuad, que tuvo que exiliarse en EE. UU. tras las medidas del “feriado bancario” y la dolarización, que sacaron al país de la crisis económica en que había caído por una inflación desorbitada, tampoco pueda regresar pasados más de 20 años, porque se pretende enjuiciarlo reclamándole indemnizaciones por el “feriado bancario”, cuando en Argentina, en comparación, eso no ha ocurrido con su similar medida del “corralito bancario”. Y no nos referiremos aquí sino de pasada a ese monumento a la mala fe y la persecución política contra el expresidente Correa que fue el juicio en que se le impuso la pena de ocho años de prisión, sentencia que la Corte Nacional de Justicia acaba de confirmar, y que podría significar la “muerte política” del líder político más importante del país en lo que va del siglo.

Pero ahora lo insólito es que siguiendo la misma corriente, el Congreso de los EE. UU. se apreste a instaurar un juicio político (“impeachment”) contra el expresidente Donald Trump, acusándolo de haber instigado a sus seguidores a la marcha sobre el Capitolio del 6 de enero, que se desbordó con el resultado de cinco muertos, siendo esta la primera vez que un expresidente sería llevado a juicio político con la posibilidad de que una condena pueda conllevarle el que sea inhabilitado para ocupar puestos públicos en el futuro.

La iniciativa del enjuiciamiento vino de la archienemiga de Trump, la presidenta de la Cámara y líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi. El juicio político a Trump tiene fines malvados y deliberados.