Columnas

Sicariato a la carta

"Un plan detallado simple y claro como el propuesto, debe ser atendido sin excusas por el gobierno de Lenín Moreno, sin esperar que todo deba hacerlo el próximo gobierno, en los dos meses y algo más que falta para ello"

El 7 de febrero se publicó en El Universo la asombrosa y detallada noticia de que por internet y redes sociales se ofertaban servicios de sicariato “con garantías de profesionalismo”, pese a que en Ecuador el publicitar u ofertar sicariato está penado desde 2014 con prisión de cinco a siete años, y la pena por sicariato es de prisión de 22 a 26 años. Agrega que el sicariato empezó a darse desde hace 40 años, cuando aparece el narcotráfico.

El asesinato del actor y presentador de televisión Efraín Ruales ocurrido hace poco más de un mes, habría sido cometido por sicarios que, según datos de la investigación revelados por Ecuavisa, percibieron $10.000 cada uno.

William Calle Silva, jefe del distrito de Durán de la Policía Nacional, quien ha implementado operativos con patrullajes a caballo al cerro de Las Cabras, uno de los puntos calientes, albergue de ladrones y narcotraficantes, y se dice que también de sicarios, afirma que jóvenes de 17 y 18 años ya están metidos en sicariato y que la mayor parte de crímenes se da por peleas entre bandas rivales, por lo que cree que se requiere de urgencia la conformación de una Mesa de Seguridad con la participación del Municipio de Durán y de la Gobernación del Guayas en representación del Gobierno nacional, para afrontar toda una serie de problemas conexos, comenzando por la instalación de una Unidad de Policía Comunitaria, para lo cual manifiesta inclusive que él posee ya el contenedor, pero tiene que equipárselo con un baño y dos policías, un carro y una motocicleta, por lo menos provisionalmente, hasta que se construya la UPC, con 22 policías y las instalaciones debidas, como corresponde.

Un plan detallado simple y claro como el propuesto, debe ser atendido sin excusas por el gobierno de Lenín Moreno, sin esperar que todo deba hacerlo el próximo gobierno, en los dos meses y algo más que falta para ello. El peor peligro que pueda ocurrir es que intereses empresariales o corporativos privados pretendieran utilizarlo, como está ocurre en Colombia desde las AUC, pagadas por los terratenientes para desalojar a comunidades campesinas y asesinar sistemáticamente a líderes sociales comunitarios, incluidos miembros de las FARC tras los acuerdos de paz.