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Anticorreísmo desaforado

Finalmente, como remate del grotesco show político introducido en la sentencia, el lunes se colocó en el palacio de Carondelet una placa que recuerda que “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, etc.”.

Al iniciarse el último semestre del gobierno de Lenín Moreno, la psicótica persecución vía judicial al anterior mandatario Ec. Rafael Correa, que logró que se le imponga la pena de ocho años de prisión como actor pasivo de cohecho en el tristemente célebre caso Sobornos 2012-2016, baldón que manchará para siempre a la Corte Nacional de Justicia de nuestro país, la persecución continúa entusiastamente al extremo, esta vez por decisión del Tribunal de Ejecución de la sentencia dictada contra Correa y 17 personas naturales y jurídicas más. La reparación impuesta a los sentenciados como autores directos y coautores fue de $ 778.000, y para los autores mediatos y cómplices fue de $ 368.000, que el Tribunal de Ejecución dispuso que se pagaran en el plazo de 30 días. Transcurrido este plazo, de los 18 sancionados solo se registraron los pagos hechos por los empresarios Víctor Fontana, como autor directo, y Alberto Hidalgo, como autor mediato, en sus respectivas sumas de dólares, en razón de lo cual y con la exclusión de los dos empresarios nombrados, el Tribunal de Ejecución, integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, por entender que en el caso la víctima del supuesto delito es el Estado, delega al procurador general la gestión que concluya con el comiso y embargo de los bienes hasta por el monto de los valores que les corresponde a cada uno de los condenados, según lo detalla un reporte de El Universo del 20 de diciembre.

Finalmente, como remate del grotesco show político introducido en la sentencia, el lunes se colocó en el palacio de Carondelet una placa que recuerda que “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, etc.”. Y faltaría aún que el Tribunal de Ejecución señale día y hora para que se realicen “las disculpas públicas que los 20 sentenciados por corrupción deben dar en la Plaza de la Independencia, en Quito”, como si se tratara de una ejecución medieval, disposición absolutamente inconstitucional por ser una pena infamante y vejatoria, prohibida en nuestros códigos desde hace tanto tiempo que solo el odio político podría explicar.