Columnas

El caso Yunda

Una grave confrontación político-administrativa presentada en el Consejo Metropolitano de Quito ha llenado las páginas de los diarios en estos días, al tiempo que ha puesto en evidencia el desconocimiento o irrespeto de los principios básicos de la ley y el orden jurídico para la resolución de los conflictos que se han presentado alrededor de la remoción del alcalde Jorge Yunda, por resolución de mayoría de concejales en razón de supuesta o real incapacidad para desempeño del cargo, argumento que funcionó increíblemente en nuestra historia no tan lejana, cuando el Congreso destituyó a Abdalá Bucaram de la presidencia de la República, sin que exista en el caso Yunda norma jurídica que avale su remoción.

La jurisdicción en el ámbito electoral no puede ir mas allá del acto eleccionario de la votación, siendo ilegal por lo mismo, tanto la acción interpuesta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como la resolución de este organismo que ratificó la legalidad de lo actuado por la Comisión de Mesa que el pasado 3 de junio dio paso a la remoción de Yunda como alcalde de Quito (resolución en virtud de la cual Guarderas se posesionó como nuevo alcalde el 19 de julio).

Sin embargo, como Yunda por su parte había interpuesto acción de protección ante la justicia ordinaria , concediéndosela parcialmente la juez María Belén Domínguez, y en apelación plenamente la Corte Superior de Pichincha al dejar sin efecto la remoción, como procedía, las cosas encontraron su cauce legal y así se resolvieron.

El respeto de la democracia pasa por la intangibilidad de la voluntad popular cuando elige sus mandantes o representantes. De allí que en muchos ordenamientos constitucionales se haya previsto la figura de la “revocación del mandato”, que por lo general requiere de un plebiscito popular a mediados del período para el que fue elegido un funcionario, ya se trate de un alcalde como del presidente de la República y debe estar previamente establecido en la ley, como ocurrió hace años en Loja con el excelente alcalde José Castillo, cuando iba por la mitad de su tercer mandato.

Una mala experiencia que debe también hacernos reflexionar.