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Lula da Silva y la “gran mentira”

La importancia de la resolución radica en que, además de recobrar su libertad, significa para Lula la recuperación de sus derechos políticos...

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (2003-2011), dijo haber sido “víctima de la mayor mentira jurídica” en 500 años de historia del Brasil, después que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesan en su contra. “Estaba seguro de que la verdad vencería; ese día llegó”, dijo en la primera rueda de prensa tras ser liberado luego de haber pasado 580 días en la cárcel. El juez Edson Fachin anuló cuatro procesos en dos de los cuales Lula fue condenado a penas que suman 26 años por delitos de corrupción. El magistrado del Tribunal Supremo, Gilmar Méndez, respaldó el fallo al afirmar que las condenas contra Lula formaron parte de “un juego de poder”, según relata este diario en la edición del 11 de marzo.

La importancia de la resolución radica en que, además de recobrar su libertad, significa para Lula la recuperación de sus derechos políticos, incluida la posibilidad de optar por la presidencia en las elecciones del próximo año, de ser candidatizado por los partidos de izquierda, según lo ha manifestado al asegurar que se encuentra en excelente estado de salud a sus 77 años y que la política está en su ADN, y que solo cuando se muera dejará de hacerla.

El asunto se pondría candente respecto a que el presidente Bolsonaro, pese a los monumentales errores cometidos en su administración, ha declarado su pretensión a ser reelegido en el cargo, al que llegó sin duda beneficiado por la sentencia dictada contra Lula por el entonces juez Sergio Moro, a quien después Bolsonaro nombró ministro de Justicia.

La politización de la justicia entró así triunfalmente en la estrategia “sucia” contra los líderes progresistas y se la usó abiertamente en nuestro país, primero contra el exvicepresidente de Correa, Jorge Glas, quien purga pena de prisión en la cárcel de Latacunga por el caso de la compañía Odebrecht, y después directamente contra Rafael Correa para, con la utilización de la “gran mentira” del caso Sobornos 2012-2016, imponerle en ausencia la pena de ocho años de prisión, que lo tiene de hecho exiliado del país, so pena de ser puesto en prisión.