En la oscura era de nuestra historia que es el actual gobierno, sostenido apenas por estrategias mediáticas empleadas por Lenín Moreno, como las 1.019 cuentas que Twitter cerró por estar vinculadas a Alianza PAIS promocionando su labor o la suma de US$ 1,2 millones pagados en contratos a ‘influencers’ para la comunicación tras el paro de octubre con el fin de restaurar su imagen pública, no es de extrañar que las sentencias dictadas por los jueces se hallen contaminadas de incongruencias, abusos y errores de mala fe, dada su innegable influencia morenista. 

Tal es el caso de la dictada por la Corte Nacional de Justicia integrada por los jueces Daniella Camacho, Marco Rodríguez y Wilman Terán, que impone a la exlegisladora de Alianza PAIS, María Alejandra Vicuña, la pena atenuada de un año de prisión como autora del supuesto delito de concusión por haber exigido el pago de valores indebidos a sus colaboradores, para sostenimiento o beneficio de su movimiento. 

Aquello no es más que la judicialización de los famosos “diezmos” que casi todos los partidos y agrupaciones políticas acostumbraban recibir de los asambleístas, según atestigua el reclamo que hace el también asambleísta Fabricio Villamar (antes CREO), en referencia a denuncias hechas por él mismo ante la Fiscalía General, respecto de 17 casos de cobros de diezmos, según afirma, sin ningún resultado, añadiendo: “No puede haber aquí un caso de justicia selectiva; si por esta causa mandaron presa a la señora Vicuña, que hagan lo mismo con el resto de personas a las que hemos denunciado”, sumándose al pronunciamiento Henry Cucalón (PSC) y Héctor Muñoz (SUMA).

Pero el máximo desafuero jurídico ocurrió meses antes, cuando un tribunal penal provincial dictó sentencia condenatoria con pena de prisión contra una profesional de salud pública por mala práctica médica, porque la demora en atender a un paciente que llegó en estado de emergencia fue la causa de que este falleciera. Impuso igual condena al abogado que ejerció la defensa de la acusada, lo cual constituye un craso abuso del poder jurisdiccional y viola las más elementales reglas jurídicas del derecho de defensa y del ejercicio de la abogacía. Pero la justicia morenista es de este cuño. No se puede pedir peras al olmo.