Avanzado ya el tercer año del gobierno de Lenín Moreno, desde esta semana comenzó a laborar la reestructurada Corte Nacional de Justicia, integrada en casi su totalidad por jueces suplentes, como si la delincuencia que azota el país y las transgresiones de la ley en general no requiriesen de jueces rigurosamente calificados y bastara un equipo B, como hacen los equipos de fútbol en los juegos menos comprometidos. Esta suigéneris reestructuración del más alto tribunal de justicia del país se hace tras la evaluación que el Consejo de la Judicatura hiciera desde el 18 de noviembre a los 21 jueces titulares de las Salas Especializadas de la Corte (2 de ellas de lo Penal) y 15 conjueces que venían actuando, y que dio por resultado que solo 7 jueces titulares y 6 suplentes siguieran en sus cargos. Lo insólito y sin precedentes del resultado de la evaluación, sin ninguna explicación de los parámetros que se usaron y el tiempo relativamente corto en que se efectuó, donde podrían caber una serie de reparos respecto de una labor de evaluación realmente seria, fundada en lo esencial que se traduce sobre todo en la sapiencia jurídica de sus decisiones, autos y sentencias, llevaría a concluir: 1) Que solo una tercera parte de jueces y conjueces que estaban en ejercicio del cargo se hallaba idóneamente preparada para ejercerlo. O, 2) Que el presidente Moreno solo confíe en los ratificados por considerarlos los más dispuestos a actuar conforme a sus sentimientos y deseos, que nadie que viva en el país puede ignorar políticamente cuáles son, movido por su reiterada mala voluntad anticorreísta (el viejo tema del traidor y el héroe). Como siempre con la salvedad de las excepciones que confirman la regla. Descartada la primera hipótesis por numérica y proporcionalmente denigrante e ilógica, queda en pie la segunda, que estaría evidenciando el afán del Ejecutivo de blindarse ante futuras acciones judiciales que pudieran ejercerse en su contra (efecto ‘boomerang’) tras la terminación de su mandato, como con tanto entusiasmo su régimen ha propiciado las iniciadas contra el expresidente Correa en la Sala de lo Penal que preside la juez Daniela Camacho, desde luego ratificada en su cargo. Ojalá me equivocara, por el respeto que debe tenerse a la justicia, esa altísima y delicada tarea.