El Ecuador necesita urgentemente recursos para tratar de paliar necesidades en el campo de la seguridad ciudadana y reactivar la inversión. Nadie invierte en una sociedad insegura, sitiada por la delincuencia, protegida por una justicia corrupta, afianzada en una Constitución garantista para la delincuencia e indolente para el ciudadano común, carente de derechos humanos, porque en la práctica solo funcionan para los delincuentes y no para las víctimas o sus familias. Así quedó demostrado en octubre de 2019, cuando una pandilla derramó miles de litros de leche, dañó hectáreas de brócoli, a cuyos dueños se los perjudicó impunemente disfrazando tales actos delictivos como “protesta social”.

Quemar un canal de televisión, la Contraloría; destruir el centro histórico capitalino y asaltar los comercios, son actos delincuenciales, no protesta social. Es conmoción social.

Humillar a las fuerzas del orden públicamente, reteniendo a militares y mujeres policías, amenazándolas y manoseándolas, según declaraciones de las víctimas, también es delito. ¿Es que acaso para ellas no existen derechos humanos?

Recuperar la institucionalidad de las fuerzas del orden convirtiéndolas en inútiles, porque no pueden utilizar el arma de dotación contra el delincuente, ya que de hacerlo los enjuician y encarcelan, es estúpido y/o perverso. En la práctica, los derechos humanos están vetados a los uniformados y a las víctimas.

Si uno de los mayores problemas del país es el económico, debemos descartar las paralizaciones, crear leyes que permitan al sector privado invertir, crear empresas y trabajo hasta lograr un solo dígito en el índice de desempleo; eso se logra únicamente en una sociedad segura.

Recordemos que al político populista de izquierda, sindicalista y/o indigenista le conviene que exista pobreza, porque de lo contrario se les acaba el discurso.

Si algún octubre debe volver, que sea el de la Aurora Gloriosa, para liberarnos del centralismo torpemente cortesano, tolerante y cómplice de la situación de inseguridad y corrupción en que el garantismo constitucional nos tiene sumergidos.