El inciso 2º del art. 1 de la Constitución ecuatoriana manifiesta: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.” Es justamente bajo este principio que se considera a la voluntad popular como el mandato a ser respetado por los asambleístas, sus supuestos representantes.

Un viejo refrán manifiesta que el papel aguanta todo y más en el Ecuador, cuando la Constitución y la ley en muchos casos son irrespetadas por las autoridades, quienes apoltronadas en el poder, descaradamente ignoran la voluntad popular, respondiendo al interés propio y/o al capricho del cacique del movimiento o partido político, siempre y cuando ambos intereses sean coincidentes. Así se evidenció en los asambleístas correístas y morenistas, enemigos de tarima, compadres de oficio, referente a la negativa al pronunciamiento popular mayoritario para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; para la independencia de la Fiscalía y para la restitución a la Contraloría de la facultad de realizar el análisis y pronunciamiento previo, de conveniencia o inconveniencia, en un proceso de contratación y/o licitación; así como por el blindaje de la dolarización, pronunciamiento que a los asambleístas hijos de… la revolución ciudadana (correístas y morenistas) les valió un pepino, al votar en contra del pronunciamiento popular.

Diera la impresión de que los asambleístas hijos… de la revolución ciudadana estuvieran trabajando en función de que “la mariposa del sur” (Arauz) fuese el próximo  presidente, procurando granjearse su simpatía y la de su representado (el prófugo en Bélgica), para abrirle camino en el proceso de la “desdolarización amigable”, preparando así la metida de mano a los fondos de reserva que el Ecuador tiene en el Banco Central, fondos que en realidad pertenecen a los cuentacorrentistas y ahorristas de la banca privada, GAD provinciales y cantonales; con lo cual el pueblo queda como mandante de papel.