Derecho a la resistencia

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Derecho a la resistencia

La realidad es que la sociedad se vio secuestrada por quienes cometieron un rosario de delitos cobijados en la mal llamada protesta social, gracias a la ausencia de reglamentación del ejercicio del derecho a la resistencia

El artículo 98 de la Constitución ecuatoriana dice: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

El Derecho, como conjunto de normas que imponen deberes y que confieren facultades, establece las bases de convivencia social, con el fin de dotar a todos los miembros de la sociedad, los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Así es como el ejercicio del derecho de una persona termina donde empieza el de la otra.

Resistencia es la fuerza que ejercida sobre otro, lo obliga a retroceder en su empeño.

El derecho a la resistencia ha sido el justificativo de las revueltas mal denominadas protesta social, convertidas, a través de la vandalización por el indigenado y organizaciones de izquierda, en herramientas de chantaje político y terror social.

No obstante ser el derecho a la resistencia un principio constitucional, para evitar los excesos como los vividos debería ser reglamentado su ejercicio, vía interpretación de la Corte Constitucional, evitando así la violación de otros derechos fundamentales, so pretexto de la supuesta “protesta social”, en el ejercicio del derecho a la resistencia.

Toda movilización de masas demanda recursos; la planificación, logística de traslado, combustible, alimentación, ejecución, etc., demandan grandes cantidades de dinero. Es ‘vox populi’ que el narcotráfico y los narcopolíticos prófugos serían los posibles financistas de estas protestas, lo cual hace necesario que la UAFE y la Fiscalía investiguen el origen de los fondos que financiaron los intentos golpistas de octubre del 2019 y junio del 2022, para descartar o no el lavado de activos en dicho financiamiento.

La realidad es que la sociedad se vio secuestrada por quienes cometieron un rosario de delitos cobijados en la mal llamada protesta social, gracias a la ausencia de reglamentación del ejercicio del derecho a la resistencia.