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Modesto Gerardo Apolo | ¿A quiénes conviene mantener la Constitución de Montecristi?

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Restaurar la responsabilidad penal efectiva para quienes atenten contra la seguridad interna y externa

La propuesta del Presidente Daniel Noboa de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, ha reabierto el debate sobre el modelo garantista de la Constitución del 2008. Detrás de la campaña por el “NO” en la consulta popular, se mueven intereses delincuenciales, enraizados en el sistema político, económico y judicial del país.

La Constitución de Montecristi (2008) construyó un andamiaje que debilitó la autoridad del Estado, relativizó la aplicación de la ley y priorizó las garantías individuales en desmedro de la seguridad colectiva. Al establecer la prisión preventiva como último recurso, al desmontar la capacidad operativa y jurídica de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y el principio de la “ciudadanía universal”, gracias a su garantismo, abrió la puerta al crimen organizado en el Ecuador. Los que hoy son sus principales beneficiarios; así como las estructuras políticas y judiciales que orbitan a su alrededor. A éstos les conviene que nada cambie.

Los casos Metástasis, Purga, Sobornos, Pases Policiales, Reconstrucción de Manabí o Plaga, son la evidencia de un Estado donde las mafias encontraron socios en políticos, jueces, fiscales, altos mandos policiales y militares.

Una nueva Constitución orientada al orden, disciplina social y fortalecimiento del Estado implicaría:

Restituir la jerarquía institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Restaurar la responsabilidad penal efectiva para quienes atenten contra la seguridad interna y externa.

Blindar el sistema judicial de la infiltración política y del dinero sucio.

Limitar los privilegios del garantismo, hoy convertidos en escudo de impunidad.

En suma, la campaña por el NO, no es una batalla por los derechos, sino una estrategia para no perder poder, ni privilegios de quienes, desde hace 17 años, han hecho del Estado su negocio y de la impunidad su sistema de protección.

Por tanto, quienes queremos la paz, la seguridad, y rechazamos seguir siendo secuestrados por estos delincuentes, debemos enterrarlos en las urnas, a ellos, y a su campaña por el NO, con un SI arrollador.