Modesto Gerardo Apolo | Protesta o terrorismo organizado
La Conaie repite un patrón cíclico cada 2-3 años (como en 2019 y 2022), coincidiendo con perìodos preelectorales
En medio de la crisis por el paro nacional, convocado por la Conaie contra el Decreto 126, lo que inició como una resistencia pacífica por demandas socioeconómicas escaló rápidamente a violencia organizada. Bloqueos en 16 provincias causando desabastecimiento masivo, con un saldo trágico: al menos un protestante muerto, 12 heridos militares y 17 retenidos en Cotacachi tras una emboscada a un convoy humanitario este 28 de septiembre.
El uso de explosivos caseros, secuestros y disrupción logística encaja perfectamente en el art. 366 del COIP, que define terrorismo como violencia grave para infundir terror colectivo y alterar el orden público, alineado con la Res. ONU 1566.
Este no es un incidente aislado. Históricamente, la Conaie repite un patrón cíclico cada 2-3 años (como en 2019 y 2022), coincidiendo con perìodos preelectorales. Bajo pretextos económicos, genera caos para presionar cambios en el régimen, sin condenar la violencia pese a alegar “infiltrados”. Esta dinámica subversiva, propia de la izquierda indigenista, mariateguista, calificada como guerra híbrida, erosiona la gobernabilidad y la democracia ecuatoriana.
Para romper este ciclo vicioso, el gobierno del presidente Daniel Noboa, con firmeza debe declarar un estado de excepción focalizado en zonas críticas, desplegando FF.AA. para desbloquear vías y neutralizar células violentas. Debe procesar penalmente a los líderes responsables, por organización terrorista, aplicando agravantes del art. 369. Debe fortalecer la inteligencia antisubversiva para identificar financiamiento externo e infiltrados. Debe reformar el COIP tipificando la ‘resistencia armada’ como delito autónomo, disuadiendo futuras escaladas. Finalmente, debe impulsar un diálogo multipartidista poscrisis para una agenda indígena inclusiva, evitando concesiones reactivas que premien el caos.
Esta estrategia restaurará el orden inmediato y prevendrá recurrencias, legitimando la autoridad estatal. El Ecuador merece una democracia estable, no un rehén de tácticas destructivas. Es hora de priorizar el bien común sobre intereses sectoriales.