Modesto Gerardo Apolo | ¿Cuántos están de más?
La eficiencia del Estado, la transparencia en el gasto y la prioridad en áreas críticas como salud y educación serán clave
La reciente decisión del presidente Daniel Noboa de desvincular a 5.000 burócratas mediante la supresión de partidas presupuestarias y la reestructuración institucional ha reabierto el debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado.
Con una masa salarial pública que consume cerca del 27 % del presupuesto diario y un aparato estatal compuesto por más de 600 entidades, esta medida busca generar un ahorro proyectado de 250 millones de dólares anuales. Aunque representa menos del 2 % del gasto corriente, su potencial impacto a mediano plazo, si se sostiene hasta 2028, podría significar una reducción considerable del peso burocrático y una mayor inversión en obras públicas. Además, es la oportunidad de liberarse de los elementos de los GDO infiltrados en la burocracia y la ocasión para apuntar a la eficiencia, eficacia, en resumen, a la excelencia.
Sin embargo, surgen preguntas claves: ¿existen los recursos para indemnizar a los desvinculados?, ¿qué beneficios se generan para la economía?, ¿y cómo se puede traducir este ajuste fiscal en mayor empleo, inversión y servicios para la ciudadanía?
Desde la óptica fiscal, el ahorro generado -aunque moderado en proporción al presupuesto total- puede tener un impacto significativo si se canaliza hacia inversión productiva, particularmente en obra pública, donde podría incrementar en un 58 % el actual gasto en infraestructura y generar empleo directo e indirecto.
No obstante, los expertos coinciden en que esta política debe ir acompañada de reformas estructurales y una estrategia de comunicación clara para evitar impactos negativos en el mercado laboral y garantizar una transición justa para los servidores desvinculados.
La eficiencia del Estado, la transparencia en el gasto y la prioridad en áreas críticas como salud y educación serán clave para que esta decisión represente no solo un ajuste fiscal, sino un paso real hacia un nuevo modelo de gestión pública más responsable, técnica y socialmente útil; contribuyendo a la reconstrucción de la institucionalidad, minada por la delincuencia organizada y por la política contaminada.