Desde la restauración de la democracia en 1979 ha existido la denominada “pugna de poderes”, que ha enfrentado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en que subyace el deseo de gobernar sin mayor oposición o alcanzar cuotas de poder de uno u otro lado.

Democráticamente las diferencias entre el presidente de la República y el Parlamento no debieran provocar tirantez si ambos respetaran mutuamente sus atribuciones y competencias determinadas en la Constitución. La actual confrontación interesa muy poco a los ecuatorianos, agobiados por una severa crisis económica y una creciente inseguridad que requiere acciones concretas y urgentes. La riña política desgasta al Gobierno y a la Asamblea ante deseos ciudadanos, que no entienden otro lenguaje que sentir que se toman medidas que atienden sus necesidades.

En anteriores gobiernos se ha buscado obtener respaldo legislativo otorgando prebendas a legisladores. Algunos sin ningún pudor abandonan su agrupación política, forman mayorías circunstanciales que no responden a tesis o convicciones sino a conveniencias y acuerdos de toma y daca. Durante el gobierno del Ec. Correa, en cambio, hubo un organismo legislativo sumiso al poder Ejecutivo, perjudicando al país, que no tuvo un parlamento independiente que legisle y fiscalice pensando en el interés nacional.

En un régimen presidencial como el ecuatoriano, la responsabilidad de gobernar recae en el presidente de la República, que por mandato del 11 de abril/2021 tiene el compromiso de fortalecer la democracia, que evite el regreso de un gobierno totalitario. Para ello le corresponde tomar decisiones o correctivos, que no siempre dependen de nuevas leyes en que el presidente también es colegislador; incluso puede recurrir a la democracia directa a través de consultas para preguntas puntuales, disolver la Asamblea a través de la muerte cruzada, convocar a una Asamblea Constituyente que reforme totalmente la actual Constitución, que podría reducir el número de legisladores (en 1979 eran 69), terminar con la creación de movimientos políticos de membrete, eliminar el Cpccs, entre otros aspectos.