Columnas

El Puerto de Manta

Esta situación amerita que el gobierno nacional intervenga decisivamente para rescindir y/o revisar dicho contrato, que clarifique este mal negocio o negociado.

Los puertos marítimos o fluviales tienen una honda identidad con las ciudades y habitantes donde estos existen. Forman parte de su activo histórico, son dínamos del desarrollo de sus circunscripciones territoriales, eso es lógico, por los puertos aéreos o marítimos, sobre todo por estos últimos, ingresa o egresa la riqueza de un país.

El Ecuador tiene cuatro puertos marítimos de carácter público (hay otros privados o en alianza público-privada). Antes fueron administrados de manera autónoma por Autoridades Portuarias, con directorios integrados por representantes gubernamentales y entidades locales, sus construcciones se convirtieron en hitos trascendentes de sus respectivas urbes. Manta logró en 1959 que se contrate su puerto marítimo internacional gracias a la lucha de líderes locales, auspiciados por una entidad que tiene mucho protagonismo en su ascendente progreso, su Cámara de Comercio. Actualmente, esa institución, junto a un Comité Cívico Interinstitucional, dirigidos por Lucía Fernández, dama de gran espíritu cívico y prestigio ciudadano, mantiene una cruzada para que se revea la concesión del puerto, hecha mediante un “concurso” evidentemente direccionado, al extremo que el expresidente Correa anunció la concesión a la Compañía Agunsa, varios meses antes que Autoridad Portuaria de Manta decida concesionarlo a fines de 2016, en un proceso denunciado como irregular.

En Manta y Manabí hay un sabor amargo por el grave perjuicio que causa esta concesión, que tiene observaciones de Contraloría, señalando pérdidas que sufre la institución portuaria, al establecer que antes de la concesión tenía superávit.

Sin concesión tenía ingresos anuales por 8 millones de dólares, ahora recibe un canon fijo de 500.000 dólares al año, más un canon variable, según los logros que obtenga la concesionaria; las instalaciones portuarias tienen un valor aproximado de 150 millones de dólares, es decir la rentabilidad anual es de 0.5%. Esta situación amerita que el gobierno nacional intervenga decisivamente para rescindir y/o revisar dicho contrato, que clarifique este mal negocio o negociado.